Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
Durante las últimas semanas, ha
causado revuelo el hecho de que en el Congreso de la Unión se hayan logrado
puntos de acuerdo buscando frenar la aplicación de la evaluación docente. Ante
la negatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para acatar tal recomendación,
argumentando el respeto a los mandatos constitucionales aún vigentes, la
polémica se ha polarizado, al grado de haber surgido expresiones que amenazan
con destruir por completo no sólo la evaluación docente, sino las modificaciones
legales que nacieron a partir de la Reforma Educativa. Este juego de fuerzas
entre grupos políticos e instituciones, así como el cruce de declaraciones y
acusaciones entre personajes, hacen que pasen a segundo plano de la polémica
asuntos que deberían ser medulares en la discusión: ¿por qué no se quiere la
evaluación docente vigente? ¿qué es lo que causa rechazo? ¿hacia qué tipo de evaluación
se debe transitar? ¿qué se debe corregir entonces?
Uno de los principales argumentos de
los defensores de la evaluación docente es que ésta se basa en el mérito.
Aunque probablemente no exista quien pueda refutar el hecho de que un maestro
obtenga su ingreso, permanencia o promoción a través de medios propios legales,
vale la pena decir que la evaluación docente actual encadenó el mérito a
evidencias de conocimiento (exámenes) o de producto (informe de responsabilidades
profesionales y expediente de evidencias), desechando otros elementos que
resultan mucho más valiosos para valorar la labor que realiza un profesor. Así
pues, el mérito que promueve la evaluación docente actual poco o nada ha tenido
que ver con la capacidad de un maestro en situaciones reales.
Resulta necesario entonces redefinir
el mérito dentro de la evaluación docente. Éste no debe limitarse al momento en
que el maestro se sienta frente a un monitor a realizar una serie de tareas o
contestar un extenso examen, sino vincularlo, en primera instancia, al
historial del profesor: dar peso a su trayectoria, valorando los logros que el
maestro ha acumulado a lo largo de su servicio. El mérito también deberá
vincularse con el desempeño cotidiano del docente; para esto, no hay vuelta de
hoja: es necesario diseñar estrategias e instrumentos (con la carga financiera
que conlleve) para atestiguar el actuar de los docentes en el “campo de
batalla”. Por último, el mérito deberá también estar relacionado con la
preparación académica de los maestros: el grado académico, aunque no
determinante, debería tener cierto peso sobre todo en evaluaciones para
promoción o para la obtención de estímulos salariales; realizar lo anterior sin
duda fomentaría que los docentes buscaran vías de preparación académica lo que
pudiera redundar en un mejor desempeño profesional.
Sin duda otro de los rasgos a
reconsiderar de la evaluación docente es la transparencia. Al respecto, Frade
(2009) señala que esta característica se refiere a “qué tan auditables son los
procesos de evaluación y sus resultados, es decir, que existen registros que
conforman el resultado al contar con instrumentos y productos que lo constatan”
(p. 298). La Ley General del Servicio Profesional Docente no contempla vías
para que los profesores puedan conocer las razones concretas por las que
obtuvieron un resultado: por ejemplo, no pueden siquiera conocer los errores
que cometieron en el examen de conocimientos. De este modo, se hace evidente la
necesidad de que las próximas evaluaciones contemplen mecanismos que le
permitan al docente no sólo realizar revisiones sobre las resoluciones
administrativas, sino sobre los resultados mismos de la evaluación. En aras no
sólo de la transparencia de la evaluación, sino también de su democratización,
se debe dar al profesor la posibilidad de debatir las valoraciones asignadas
por otros agentes.
Los planteamientos anteriores llevan a
la necesidad, ya mencionada, de mejorar o sustituir los instrumentos y las
técnicas que se emplean actualmente para valorar a los docentes. Como se
mencionaba, la evaluación actual se basa en evidencias de conocimiento y de
producto, dejando a un lado las evidencias más importantes: las de desempeño. Resulta
necesario que para la evaluación docente se incorpore una técnica fundamental
para la valoración de su labor: la observación. No existe mejor manera de
evaluar el trabajo de un profesor que observarlo en situaciones reales. Para
eso, aunque seguramente se argüirá que resultará costosa e incluso inviable, la
observación directa en el aula es la mejor opción. En caso de que el
presupuesto sea un impedimento para la observación directa, se puede recurrir a
alternativas de observación diferida tales como videograbaciones de clases que
pueden ser analizadas posteriormente: “es más factible contar […] con técnicos
que operen una cámara de video de manera eficiente, que con observadores con la
calificación necesaria para obtener información válida y confiable” (Martínez
Rizo, 2016, p.18). En el caso de Chile, por ejemplo, uno de los insumos para
evaluar al docente consiste en “un portafolio de evidencias que incluye la
grabación en video de una clase” (Martínez Rizo, 2016, p. 85), al cual, además
se le da un valor del 60% de la calificación global.
Sobre los instrumentos existentes, es
evidente que requieren ajustes. En la encuesta realizada a los participantes de
la evaluación docente del ciclo escolar 2015-2016, se observó que el 56.4% de
los profesores encuestados manifestó estar en desacuerdo sobre los aspectos que
se evalúan en el examen, mientras que, sobre el expediente de evidencias, el
21% indicó un bajo nivel de satisfacción entre la correspondencia entre la entrega
de trabajos de sus alumnos la importancia del desempeño docente (INEE, 2018). Acerca
del examen, los encuestados resaltan aspectos negativos del mismo: extensión de
las preguntas, cantidad total de reactivos, precisión de la redacción y
contextualización de las preguntas y los casos. De este modo, queda claro que
los instrumentos que ya se aplican deben ser modificados, procurando su
perfeccionamiento en aspectos técnicos pero también su pertinencia en cuanto al
reflejo de elementos más significativos para valorar al profesor.
Otro de las condiciones que pudieran
ser incorporadas en la evaluación docente actual es la consideración de la
trayectoria como elemento para valorar a un profesor. Las prácticas evaluativas actuales desprecian
por completo el historial laboral del docente, limitando el juicio que se hace
sobre él a los meses en que se aplican los que se generan los insumos de
evaluación. Así pues, de nada le servirá a un maestro contar con una trayectoria
destacada si cuando esté realizando su examen o elaborando su expediente de
evidencias atraviesa por un mal día. Un
claro ejemplo de un sistema de evaluación docente que considera la historia del
profesor como un elemento de peso es el que se realiza en Uruguay, donde “una
Junta Calificadora evalúa la aptitud docente, con base en los informes de las
visitas anuales de inspección al aula, en el juicio del director de la escuela,
el cumplimiento de registros y documentación, los cursos de capacitación y
perfeccionamiento”, entre otros (Martínez Rizo, 2016, p. 77). Dejar a un lado
la trayectoria podría haber propiciando que, por ejemplo, en la evaluación del
desempeño 2015-2016, el porcentaje de resultados insuficientes de maestros de
50 años o más (24.6%) sea el triple que el de 30 o menos (8.4%) (INEE, 2016, p.
121).
La idea de que el magisterio sea un
gremio que rechaza la evaluación fue impuesta de manera intencionada en la
opinión pública para así dar paso a una evaluación defectuosa y mal
intencionada que, hasta el momento, no ha demostrado tener impacto en el
mejoramiento de la calidad de enseñanza que se brinda en las escuelas
mexicanas. Gran parte del profesorado del país rechazó no la evaluación, sino
esta evaluación. En estos momentos de cambio político y de reajuste de la vida
pública, es importante tener claro no sólo qué es lo que no se quiere, sino lo
que se quiere, en este caso: una evaluación que realmente tenga pertinencia en
el desarrollo profesional de los profesores, que valore realmente su desempeño,
mediante mecanismos e instrumentos transparentes y adecuados. Sí a la evaluación
docente… pero no así.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
REFERENCIAS
FRADE, Laura. Desarrollo de competencias en educación:
desde preescolar hasta el bachillerato. México: Inteligencia Educativa,
2009.
INEE. La Educación
Obligatoria en México. Informe 2016. México: autor, 2016.
INEE. Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación
del desempeño. México: autor, 2018.
MARTÍNEZ RIZO, Felipe. La evaluación de docentes de educación
básica. Una revisión de la experiencia internacional. México: INEE, 2016.
estoy de acuerdo, además a las plataformas ni siquiera las liberan para uno poder subir sus productos
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