martes, 12 de noviembre de 2019

El reto de la infraestructura educativa: La Escuela es Nuestra.


Rogelio Javier Alonso Ruiz*

En una escuela pública, a finales del ciclo escolar pasado, se recibió la visita de trabajadores del INIFED (Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa) comunicando que se instalarían bebederos en la institución. No obstante que el director del plantel señaló que la escuela ya contaba con bebederos, el personal del instituto argumentó que el recurso ya estaba asignado y la obra tendría que realizarse forzosamente. Se mencionó que los bebederos estarían listos a finales del mes de mayo y, actualmente, la obra inconclusa se encuentra abandonada. Semanas después, tras  varios meses en que el directivo escolar solicitó al instituto de infraestructura local, mediante numerosos y reiterativos oficios, la realización de obras de mantenimiento y reparación en la escuela, finalmente éstas se concretaron. La suma autorizada para las obras fue exorbitante (casi medio millón de pesos); sin embargo, las acciones realizadas, a simple vista, no se acercaban al presupuesto: tala de árboles, impermeabilización y reparación de superficies deterioradas, principalmente.

Casos como el anterior, ocurrido en la capital del Estado de Colima, ayudan a entender las lamentables condiciones de infraestructura generales de las escuelas mexicanas. Las acciones para mejorar la infraestructura generalmente son lentas, pues requieren de un proceso burocrático largo que impide la atención oportuna de las necesidades. El trabajo en la infraestructura educativa además es mal focalizado, pues se aleja en muchas ocasiones de las necesidades reales y más urgentes de los planteles. Finalmente, como se vio en el caso y de acuerdo a la opinión generalizada de los actores educativos, los presupuestos asignados para las obras educativas se perciben como sobreestimados, lo que motiva a sospechas en torno a la limpieza en el manejo de los recursos.

Los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2017 del Programa Escuelas al Cien, operado, entre otros organismos, por el INIFED y los institutos de infraestructura local, da cuenta de un mal uso de los recursos destinados al mejoramiento material escolar. Según el informe especial elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (2018), “los recursos del programa no se aplican en los lugares con mayores carencias del país” (pp. 33-34), perpetuando así las inequidades educativas. Además,  el documento apunta a la inflación deliberada de presupuestos: “las acciones y cobertura del programa, desde el punto de vista de los Institutos de Infraestructura, es más amplia, respecto a la visión del personal de los Centros de Trabajo” (p. 56).

Considerando lo señalado, no resulta extraño el alarmante estado de la infraestructura educativa mexicana. Al respecto, el INEE (2018) da algunas pinceladas del panorama físico de los planteles: “sólo una tercera parte de las primarias públicas tiene al menos una computadora para uso educativo” (p. 140), “uno de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un sanitario en su inmueble” (p. 136) y “en alrededor de cuatro de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos” (p. 136).  El descuido de las instalaciones escolares ha sido de tal grado que existen escuelas que no tienen la capacidad de atender dignamente las necesidades fisiológicas de los alumnos.

Producto de las modificaciones legales educativas que bajo el presente gobierno federal se han suscitado, el INIFED ha sido eliminado. Aunado a lo anterior, ha surgido el programa La Escuela es Nuestra, cuyo propósito es mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles. Su novedad, además de priorizar la selección de planteles ubicados en zonas de muy alta y alta marginación o concentración indígena, radica en el hecho de que los subsidios económicos serán entregados directamente a las comunidades escolares. Para el logro de lo anterior, se constituirá en cada plantel un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), conformado por padres de familia (en quienes recae la presidencia), docentes, directivos y alumnos. Cada CEAP se encargará de realizar un diagnóstico de la situación de infraestructura del plantel, para posteriormente elaborar un plan de trabajo, contemplando la suma de recursos asignada, cuyo gasto deberá ser comprobado una vez que finalicen las obras.

El programa La Escuela es Nuestra parece responder a algunas de las problemáticas que se han descrito con respecto a la atención que se le da a la infraestructura escolar. En primera instancia, el hecho de que los comités se integren por agentes directamente relacionados con el plantel, seguramente favorecerá que los recursos sean empleados en necesidades reales y prioritarias: no volverá a suceder, como se relató al inicio de este escrito, casos en los que a una escuela se le instalen dos veces bebederos. Es digna de aplauso la conformación de los CEAP, pues promueven una visión democrática y plural, en la que las decisiones no fluyen verticalmente, sino horizontalmente. Nadie mejor que los alumnos, los padres de familia y los maestros conocen las necesidades de cada plantel. Los criterios de selección para participar en el programa claramente se orientan hacia la equidad: atender primeramente a los más necesitados; derivado de lo anterior,  en la lista de planteles participantes para la primera etapa del programa, se observa, por ejemplo, un total de 5,608 escuelas chiapanecas, por 50 ubicadas en Nuevo León.  

Al ser asignados directamente a los CEAP, los recursos seguramente se verán reflejados más rápidamente en la realización de obras. Aparentemente, se reducirán los intermediarios, lo que además pudiera tener consecuencias favorables en el combate a la sobreestimación de los costos que tanto ha caracterizado a las instituciones oficiales de infraestructura educativa. No obstante, lo anterior también representa un reto importante para el buen manejo de los recursos: al dispersar el dinero en tantas manos, la vigilancia del mismo se volverá más compleja, aunque, debe decirse, que en ésta intervendrá la comunidad escolar. No debe considerarse que tal manera de organizar el manejo de los recursos económicos garantiza la eliminación de la corrupción, pero es justo señalar que dentro de la vigilancia de los mismos se involucra a los primeros interesados en las mejoras de los edificios escolares.

El Programa La Escuela es Nuestra representa una modificación radical a la manera en que se ha abordado el asunto de la mejora de la infraestructura educativa, no sólo por la forma de asignación de recursos, sino por la participación de la comunidad escolar. El planteamiento del programa, al menos en apariencia, es bueno. No obstante, su éxito también dependerá del presupuesto que reciba: de poco servirá esta forma de organización si el alcance presupuestario del programa es limitado. Asimismo, el éxito del programa radicará en la capacidad de los CEAP para generar programas pertinentes y efectivos, por lo que se hace necesario un acompañamiento permanente a los mismos, así como una capacitación. Los criterios de selección, privilegiando a los planteles en condiciones de marginación más marcadas, parecen estar orientados a atacar quizá el peor defecto del sistema educativo mexicano: la inequidad, esa tendencia a darle las peores escuelas a quienes tienen peores condiciones de vida.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85  Facebook: El Profe Rogelio


REFERENCIAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (2018). Programa Escuelas al Cien. Informe Especial. Resultados de su fiscalización. Cuenta pública 2017. Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/Documentos/Informes_Especiales/Programa_de_Escuelas_al_Cien.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (2018). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574403&fecha=03/10/2019
INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018.

sábado, 9 de noviembre de 2019

CONIIEE 2019: Inicio de legado y tradición.


Rogelio Javier Alonso Ruiz*

A casi dos siglos de su creación, el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) tuvo a bien llevar a cabo la primera edición del Congreso Internacional de Investigación y Evaluación Educativa (CONIIEE), el cual se desarrolló del seis al ocho de noviembre del año en curso. Como su nombre lo indica, el evento tuvo por propósito principal ser un espacio de intercambio de experiencias de investigación en líneas temáticas relativas a la educación así como la consolidación de redes de colaboración entre instituciones de educación superior. A pesar de ser un evento inédito en la historia del normalismo colimense, superó ampliamente las expectativas que sobre él se crearon.   

Las actividades que se realizaron fueron diversas: ponencias, talleres, exposición de carteles y materiales videográficos, presentación de libros, conferencias magistrales y panel de expertos. No obstante la cantidad de actividades, la calidad de las mismas no estuvo en ningún momento comprometida, como quedó demostrado desde el inicio del programa con la conferencia del Dr. Sergio Tobón. Los talleres impartidos fueron por demás atractivos: desde algunos, como los de los maestros Abril Acosta, Carolina Valladares, Artemio Cortez y Luis Valladares, que tocaron temas referentes a la aplicación de la tecnología en la investigación o la práctica educativa, hasta la magistral intervención del profesor Cenobio Popoca, quien dio luz sobre el tema de la enseñanza multigrado.  

Por si fuera poco, el CONIIEE albergó también la presentación de libros referentes al tema educativo: uno de ellos, sobre las competencias emocionales, de la Dra. Esther Álvarez, y otro más sobre un panorama de la educación colimense, coordinado por el Dr. Juan Carlos Yáñez. Las conferencias y paneles no desentonaron con la calidad de las actividades anteriores: congregaron a referentes de la opinión educativa del país, como lo son los doctores Manuel Gil Antón, Patricia Ducoing Watty, Bertha Orozco Fuentes, Gabriela Delgado Ballesteros, Alma Maldonado Maldonado, Bertha Orozco Fuentes y Mario Chávez Campos.

Es de reconocerse la calidad del CONIIEE. La opinión de los asistentes fue prácticamente unánime: no parecía ser la primera edición del mismo. Las condiciones materiales, de organización y de contenido del encuentro resultaron por demás destacadas y dignas de un evento que congregó a personas de tantas regiones en torno a un tema tan importante como lo es la educación. Por tal motivo, vale la pena expresar un reconocimiento a la directora general del ISENCO, la Dra. Martina Milagros Robles Sánchez, así como todo el equipo que la secundó mediante esfuerzos titánicos en la organización de las actividades, en especial, a quien se encargó de cuidar la sustancia del evento, la maestra Guadalupe Quijano García.

El valor del CONIIEE puede ser apreciado desde diferentes perspectivas. Por una parte, manifiesta que el normalismo sigue vigente en nuestro país y demuestra los deseos por recuperar la relevancia que en los últimos gobiernos fue gravemente afectada. Eventos como el CONIIE demuestran que es la Escuela Normal el sitio fundamental para pensar en la educación. Por otro lado, espacios como el mencionado son fundamentales para poner los reflectores sobre un tema trascendental como la educación, el cual merece una amplia y seria reflexión, sobre todo en estos momentos de coyuntura política. La toma de decisiones en materia educativa deben estar respaldadas por ejercicios reflexivos como los que en este evento se realizaron, alejándonos así de opiniones marcadas de intereses o posturas políticas que en poco contribuyen a la mejora educativa.

Es pues el CONIIEE un legado valioso no sólo para el normalismo, sino para la vida pública del país. Sin duda resulta conveniente su realización periódica, que incluso pueda evolucionar para complementar la oferta que se presentó en esta edición: involucrar a otros expertos en el tema educativo, como lo son los maestros de educación básica, los alumnos, los padres de familia, los directores, los supervisores, etc. En sí, propiciar que el CONIIEE sea un espacio en el que se privilegie la pluralidad de visiones: desde arriba, desde abajo, desde los costados y desde el centro. Que sea pues el CONIIEE el inicio de una prestigiosa tradición de análisis, reflexión y experimentación de la educación, emulando la tradición y el prestigio de la institución centenaria que lo engendró.   

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
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domingo, 3 de noviembre de 2019

El presupuesto educativo: desafío a los discursos y las leyes.


Rogelio Javier Alonso Ruiz*

A pesar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PPEF) contempla, con respecto al año anterior, un aumento de aproximadamente 24 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación, la distribución de los recursos asignados al campo educativo ha detonado preocupaciones y polémicas, al percibirse recortes en áreas importantes, tales como la formación normalista, las escuelas de tiempo completo, la formación continua de docentes y la oferta de modalidades de servicios educativos, como Prepa en Línea y Escuelas de Tiempo Completo. Aunque los recortes planteados aún son susceptibles de ser modificados en el Congreso, contrastan notablemente con los discursos que desde el poder ejecutivo se han vertido en torno a la revalorización del magisterio y, en general, a las metas educativas que se tienen.

Al revisar la estrategia programática del Ramo 11 del PPEF, referente a la Educación Pública, se distingue que cuatro de los seis programas prioritarios en este rubro tienen relación con el otorgamiento de becas, las cuales abarcan desde la educación básica hasta la educación superior y que pueden ser universales (como en el caso del nivel medio superior) o dirigidas a ciertos sectores de la población (estudiantes en situación de pobreza). Los otros dos programas prioritarios tienen que ver con la expansión de la educación superior y la reconstrucción de planteles dañados por desastres naturales de 2017 y 2018. Es tal la importancia que se le adjudica a tales programas que, tan sólo los referentes a becas, acumulan aproximadamente una cuarta parte del total de recursos asignados al ramo. Lo anterior, evidentemente, trae como efecto lógico el descuido de otras áreas del campo educativo.

La revalorización del magisterio ha sido una de las ideas centrales del discurso educativo de las autoridades gubernamentales. Una y otra vez se ha dicho que en el presente sexenio se recuperará el prestigio de la función docente. El presupuesto para el siguiente año no hace eco de los discursos políticos, pues descuida una de las partes esenciales del valor profesional de los maestros: su formación inicial. En contraste, se plantea un panorama presupuestal bastante complicado para las instituciones formadoras de docentes, las Escuelas Normales: 271 millones de pesos en 2020 para la  Dirección General de Educación Superior para los Profesionales de la Educación (DGESPE), lo cual representa una reducción del 40% con respecto al monto asignado al año anterior y, a su vez, menos de una cuarta parte del presupuesto con el que se contaba en 2015. Así pues, de concretarse, el golpe presupuestal al normalismo pudiera tener consecuencias significativas, que contrariarían la  promesa presidencial, plasmada además en las leyes, de fortalecer a estas instituciones.   

Otro de los aspectos presupuestales que ha llamado poderosamente la atención tiene que ver con la reducción de los recursos destinados a la Expansión de la Educación Media Superior y Superior, la cual, con respecto al presupuesto de 2019, tendría una disminución de 97.6% de los recursos asignados, quedando en un monto de poco más de seis millones y medio de pesos. Lo anterior ha afectado a programas como Prepa en Línea, un servicio que atendía a aproximadamente 140 mil estudiantes de ese nivel educativo, cuyas condiciones de vida les dificultan integrarse a planteles con modalidad escolarizada. Esto parece ignorar que precisamente en los niveles medio superior y superior es donde se concentran los mayores problemas en el tránsito de los alumnos por el trayecto educativo. Aunque pudiera argumentarse que, a cambio de la reducción mencionada, se fortalece el otorgamiento de becas, es latente el riesgo de haber apostado con tanta fuerza a una sola estrategia.

El PPEF desafía algunos mandatos establecidos en las leyes educativas. Uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la educación inicial.  A pesar de que la cobertura de este nivel educativo por parte del gobierno es insignificante, no se advierten mayores esfuerzos presupuestarios para fortalecerlo, por el contrario, “los dos programas que financia a la educación inicial […] : educación inicial y básica comunitaria, y Expansión de la educación inicial adelantan reducciones presupuestales de 4.5% y 3.5% real, en ese orden” (Martínez, 2019). Asimismo, no obstante las disposiciones legales, en el PPEF se advierte una reducción del 51.7% al Programa Escuelas de Tiempo Completo. A pesar de que en las leyes se establece el derecho de los docentes por contar con un sistema de formación, capacitación y actualización integral, en el proyecto de presupuesto se distingue una recorte del 37.4% en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Finalmente, aunque se busca la promoción de una formación integral en los alumnos, que comprende la adquisición de una segunda lengua,  en el PPEF se plantea una disminución de 48.5% en el Programa Nacional de Inglés (PRONI). Así pues, el proyecto presupuestal no sólo entra en conflicto con los discursos y las promesas políticas, sino además con los mandatos legales.

En conclusión, PPEF tiene descuidos importantes en áreas específicas que pudieran ser trascendentales para el mejoramiento educativo. Si bien las becas económicas son una medida que pudiera tener efectividad en el acceso de los  niños y jóvenes a los diferentes niveles educativos, el hecho de apostar con tanta fuerza a ellas, al grado de afectar a otros rubros importantes del ámbito educativo, resulta por demás riesgoso. Aunado a las voces que acusan tal medida como un acto populista, tal hecho también pudiera ser una seña de un mal diagnóstico en cuanto a la problemática educativa: creer erróneamente que el problema radica, con tal intensidad, en una de tantas causas. No sólo resulta alarmante que el PPEF no esté alineado a los discursos del gobierno federal, sino que resulta aún más preocupante el hecho de que no respalde adecuadamente los mandatos legales que se establecen en materia educativa. Resulta por demás preocupante el hecho de que, en palabras, el gobierno federal prometa, por ejemplo, el fortalecimiento de las Escuelas Normales, pero, en los hechos, al momento de asignarle los recursos, las castigue con tanta severidad.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85   Facebook: El Profe Rogelio

REFERENCIAS

CLEMENTE, Anabel (2019). En Presupuesto de Egresos 2020 se contemplan 24 mil mdp más a la SEP. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-presupuesto-de-egresos-2020-se-contemplan-24-mil-mdp-mas-a-la-sep (Consulta: 02 de noviembre de 2019).
MARTÍNEZ, Tamara (2019). Gasto educativo en el PPEF 2020. Impacto de la Reforma Educativa de 2019. Disponible en: https://ciep.mx/gasto-educativo-en-el-ppef-2020-impacto-de-la-reforma-educativa-de-2019/ (Consultado: 03 de noviembre de 2019)
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2019). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Disponible en:  https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf (Consulta: 02 de noviembre de 2019).
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2019). Proyecto de Egresos de la Federación 2020. Estrategia programática. Disponible en:  https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/11/r11_ep.pdf (Consulta: 02 de noviembre de 2019).
GARCÍA, Carina (2019). Advierte posible fracaso de reforma educativa por falta de recursos. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/advierten-posible-fracaso-de-reforma-educativa-por-falta-de-recursos (Consulta: 02 de noviembre de 2019).

domingo, 27 de octubre de 2019

El Instituto de Pensiones de los maestros colimenses: historia de complicidades.


Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Al grito de “¡SNTE! ¡SNTE! ¡SNTE!”, los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 39 del SNTE festejaron de manera enjundiosa, el pasado 28 de septiembre de 2018, en el Congreso, la aprobación de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. No les importó que se haya decretado la extinción del anterior organismo de Pensiones, descaradamente saqueado, sin siquiera advertirse acciones para sancionar a los culpables. No les importó, mucho menos, el enojo de la base magisterial, a la cual, por cierto, como en otras ocasiones, no invitaron a la jubilosa celebración en el recinto legislativo.  Se dijo que este nuevo instituto, junto con la normatividad recién creada, garantizaría por varias décadas un entorno favorable para los compromisos pensionarios con el magisterio.

La aseveración anterior no tardó en desmoronarse. A poco más de un año de la aprobación de la ley mencionada, en el mismo lugar, el secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, Kristian Meiners Tovar, compareció ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado. En tal evento, el funcionario reconoció que existe un adeudo del Gobierno del Estado al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL)  por un total de 179 millones de pesos, monto derivado de retención de cuotas de trabajadores, aportaciones patronales pendientes y retraso en el pago de la deuda con respecto al extinto instituto de pensiones, la cual, por cierto, deberá ser cubierta en un plazo de veinte años por un escandaloso total de 730 millones de pesos. Ante este adeudo tan escandaloso, una de las integrantes de la legislatura cuestionó sorprendida: “¿Dónde carajos está el dinero de los trabajadores del Estado?”, pregunta que ronda por la cabeza de los miles de docentes de sostenimiento estatal a los que puntualmente, cada quincena, se les descuentan las cuotas correspondientes sin que éstas se vean finalmente reflejadas en los servicios que ofrece su instituto pensionario.

Los hechos posteriores a la creación de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima han dejado claro que el problema de las pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del magisterio no radicaba únicamente en la inviabilidad de los procedimientos financieros que prevalecían, sino, sobre todo, en la falta de voluntad y rectitud de algunos y en la silenciosa, pasiva e indiferente complicidad de otros. Quedó demostrado pues que las cuotas del magisterio para su sistema pensionario, tengan o no un sistema viable financieramente, siguen quedando a disposición del patrón, con la complacencia de quienes se supone deberían combatir ferozmente este tipo de malas acciones.

El episodio que se ha vivido con el tema de las pensiones, de ser analizado con humildad, debe representar una gran lección no sólo para la cúpula sindical, sino para la base magisterial. El alejamiento de los intereses de la base por parte de los jerarcas sindicales ha tenido consecuencias negativas. Fueron ellos quienes impulsaron electoralmente al gobernador que hasta hoy ha afectado al magisterio estatal; fueron ellos también quienes aceptaron la nueva ley de pensiones sin poner como condición el resarcimiento de los daños anteriores y sin siquiera inmutarse ante las campañas de desprestigio que se orquestaron contra quienes merecidamente gozan de una jubilación. No es en vano pues que en las pasadas elecciones los candidatos del partido del SNTE hayan tenido un apoyo prácticamente nulo por parte del magisterio, lo que casi los lleva a la pérdida del registro electoral. No es casualidad tampoco que las figuras sindicales sean blanco de desprecio y reclamos cada vez que se atreven a pisar una escuela. No es fortuito tampoco que empiecen a tomar cada vez mayor fuerza voces que piden incluso un cambio radical e inmediato en la conformación del comité sindical. El SNTE tiene que mirar hacia adentro y ver qué fue lo que provocó todo ese entorno. La explicación del alejamiento de la base en los tiempos difíciles es por demás ingenua.

Para la base los aprendizajes también deben ser mayores. Por una parte, entender que la unidad sindical que tanto se pregona y se pide a los agremiados no debe ser acrítica e incondicional: el silencio no es conveniente cuando a todas luces el barco se dirige a un destino indeseado.  Se debe asumir que la defensa de los derechos laborales empieza por el trabajador mismo y, ante hechos como los referidos en este escrito y la pasividad de quienes ostentan cargos para evitarlos, la indiferencia es también una manifestación de complicidad ante las injusticias que se cometen. Esperar un llamado que probablemente nunca llegue es como esperar a  recibir la indicación de abandonar un edificio cuando éste se está consumiendo en llamas.

Así pues, el agremiado debe también reconocer su responsabilidad en situaciones como las que se están viviendo. El trabajador común y corriente debe reflexionar en las consecuencias de sus propios actos que parecieron intrascendentes: desde las elecciones sindicales en las que votó apegado a la llamada telefónica que recibió un día antes y no a sus propios intereses, pasando por los desfiles en los que se desplegaron pancartas de agradecimiento al gobernador hasta aquellas asambleas delegacionales en las que en vez de abordar temas laborales prioritarios, se optó por degustar un desayuno.  Vale la pena pues cerrar este escrito con una reflexión del gran Paulo Freire: “¿Quién sentirá mejor que ellos [los oprimidos] los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella” (2005, p.42).

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
FREIRE, Paulo (2005). Pedagogía del oprimido (segunda edición).  México: Siglo XXI.

lunes, 21 de octubre de 2019

El efecto embudo del sistema educativo mexicano.


Rogelio Javier Alonso Ruiz*

El derecho a la educación sigue siendo una fantasía en nuestro país: de acuerdo a las tendencias actuales, en México sólo uno de cada cuatro alumnos que inicia la educación primaria podrá terminar la educación superior. En ese sentido, las cifras son por demás crueles: se estima que de los 2,475,340 alumnos que ingresaron a primaria en ciclo escolar 2001-2002, casi dos millones no lograron egresar de la licenciatura, es decir, sólo el 24% (594,561 estudiantes) de aquellos alumnos "sobrevivieron" a los 16 años del trayecto. El cumplimiento del tramo educativo obligatorio es igual de trágico y está lejos de concretarse: de 100 alumnos que ingresan a primaria, apenas 45 logran egresar de bachillerato y uno más de profesional técnico (SEP, 2018, p. 12), es decir, son más los que se quedan en el camino que los que llegan a la meta. A la luz de estas cifras se advierte entonces un problema grave en la trayectoria escolar de los alumnos de nuestro país, situación motivada por otras adversidades relacionadas con las condiciones sociales y económicas, la cobertura educativa y el aprovechamiento académico, entre otros. 

La relación entre pobreza y oportunidades educativas es más que evidente. No es casualidad que entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, cuyos niveles de Producto Interno Bruto per cápita son los más bajos del país, sean también los que poseen menor escolaridad entre sus habitantes (rondan entre los siete y los ocho años). De forma inversa, entidades como Ciudad de México y Nuevo León, con las mejores condiciones económicas, son las que tienen mayores niveles de escolaridad (entre 10 y 11 años) (INEE, 2019, p. 162).  En lo referente al analfabetismo, la tasa del primer grupo de entidades es cinco veces superior a la del segundo grupo: 12.8% por 2.4%. Evidentemente, el problema de trayectoria escolar está hermanado con las condiciones de pobreza que prevalecen en nuestro país. La pobreza es con seguridad el principal factor asociado a la permanencia de los alumnos en la escuela.

La cantidad de alumnos que se atienden en el trayecto de la educación obligatoria sufre un descenso considerable al llegar al nivel medio superior y toma tintes dramáticos en el nivel superior. Durante el ciclo escolar 2017- 2018, al finalizar el tramo de edad correspondiente al nivel medio superior (17 años), el porcentaje de atención a la población específica de esa edad apenas superó el 60%, mientras que, a partir de los 18 años de edad, el porcentaje de atención se sitúa apenas por encima del 40% (SEP, 2018, p. 11).
 Además del económico, hay otros factores que deben resaltarse en los datos estadísticos de los niveles referidos: la reprobación y la cobertura. Sobre el primero, a partir del nivel medio superior, su índice se ubica en 13.9%, es decir, casi tres veces más con respecto al que se da en educación secundaria (5.2%); en cuanto a cobertura, si bien en la educación básica se puede considerar prácticamente de un acceso universal, a partir del bachillerato la cobertura cae a un 78.5%, mientras que en el nivel superior desciende hasta 29.5% (SEP, 2018). Así pues, el problema el estrechamiento del embudo en los últimos niveles del trayecto educativo no sólo se debe a que los alumnos, por cuestiones económicas, decidan no asistir o abandonar la escuela. También se debe al enfrentamiento de rezagos académicos que hacen imposible su avance escolar y a que, simplemente, no hay escuelas donde puedan estudiar. 

El embudo al que se asemeja el trayecto educativo pareciera tener un filtro integrado que únicamente deja pasar a aquellos alumnos con condiciones económicas, sociales y biológicas favorables. No es casualidad que las personas indígenas, con discapacidad o con ingresos inferiores respecto a la línea de bienestar posean una tasa de asistencia escolar menor a la del promedio de la población (INEE, 2019, p. 111), situación que se mantiene de principio a fin del trayecto que comprende desde la educación preescolar hasta la superior. De este modo, pudiera decirse que quienes van siendo desplazados de manera constante de la carrera educativa son sobre todo quienes pertenecen a grupos de población vulnerables, como los mencionados.

La resolución del problema evidentemente debe ser multifactorial: no sólo las becas, sino la ampliación de la oferta educativa (sobre todo de los niveles medio superior y superior), el apoyo a grupos vulnerables y la atención a los alumnos en situación de rezago escolar deberán atenderse si es que se quiere optimizar el trayecto educativo de los millones de alumnos que atiende el sistema educativo mexicano. Desafortunadamente, el problema al que hace alusión este escrito pocos reflectores recibe. Nos alarmamos porque, a niveles educativos altos, los alumnos tienen carencias de aprendizaje básicas, pero no nos escandalizamos de que buena parte de ellos ni siquiera asiste a la escuela. Soñamos con resultados de aprendizaje como los de países líderes en materia educativa, pero olvidamos que no podemos siguiera garantizar el acceso al derecho educativo. En otras palabras: soñamos con correr cuando aún no aprendemos a caminar. 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
INEE. Panorama educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2019.
SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. México: autor, 2018.