martes, 30 de enero de 2018

Escuelas de Tiempo Completo, entre un mejor servicio y la simple extensión de la jornada.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz

La Escuela Primaria Aniceto Castellanos se ubica en la comunidad El Chanal, en la capital del Estado de Colima. La institución atiende predominantemente a alumnos provenientes de un nivel socioeconómico medio-bajo y bajo. Desde el ciclo escolar 2013-2014, ingresó al programa de Escuelas de Tiempo Completo, en su modalidad de jornada ampliada (seis horas). El plantel es uno de los 25,032 que, de acuerdo al quinto informe de gobierno del Presidente de la República, operó en todo el país en 2017 como  parte del programa mencionado, con el cual se atendió a aproximadamente 3.6 millones de estudiantes, ejerciendo un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos.

En la Escuela Primaria Aniceto Castellanos no existe, aún desde antes que ingresara al programa, una sola computadora para uso de los alumnos y, aunque cuentan con servicio de internet, no disponen de equipo que pudiera facilitar el acceso de los niños a la información. La situación anterior se presenta no obstante que en el documento Orientaciones Pedagógicas para las Escuelas de Tiempo Completo (SEP, 2009), se advierte que en este tipo de planteles “las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso educativo que debe aprovecharse […] dentro y fuera de la escuela y favorecer nuevas formas de consolidar aprendizajes en los alumnos” (p. 67).

El discurso de las autoridades al implementar este tipo de planteles resaltaba que entre sus ventajas, derivadas de contar con una jornada extendida, estaba la posibilidad de ampliar las oportunidades para que los alumnos se apropiasen de una lengua adicional. En sintonía con lo anterior, el documento orientativo de estas escuelas establece que el aprendizaje de una segunda lengua es una de las líneas de trabajo fundamentales, buscando “que los alumnos se familiaricen con una o más lenguas” (SEP, 2009, p. 70). Volviendo con la escuela primaria colimense a la que se ha hecho alusión, nunca ha contado con profesores de Inglés y, aunque se pudiera argumentar que sería responsabilidad del docente titular impartir tal asignatura, lo cierto es que su formación profesional no contempló tal competencia.     

Recientemente, se han incrementado las inconformidades de los profesores de este programa no sólo por las razones expuestas arriba, sino también por cuestiones económicas. En Colima, por ejemplo, el sueldo base quincenal (40 horas de trabajo, en total) de un maestro de primaria con plaza inicial es de 4,080.28 pesos. Por laborar las veinte horas quincenales adicionales correspondientes al programa en cuestión (en su modalidad de jornada ampliada), los docentes reciben una remuneración de 1,904.74 pesos. Así, se tiene que los maestros perciben, hasta el año 2017, 102 pesos por cada hora trabajada en la jornada regular, mientras que por la ampliada reciben 95.23 pesos. Aunque la disminución en el sueldo del profesor no es tan considerable (hay una diferencia de siete pesos), hay un abaratamiento de la labor docente con la ejecución de este programa. Aunque sea por una cantidad mínima, se viola un  principio básico de justicia: a igual trabajo, igual salario.

Aunado a lo anterior, diversos profesores de Escuelas de Tiempo Completo manifiestan su molestia por el hecho de que la compensación recibida por participar en este programa no impacta favorablemente en sus prestaciones y estímulos (aguinaldo, por citar uno), pero sí repercute al ser considerado como objeto de gravamen y, por consecuencia, aumenta la carga tributaria de los docentes. Lo anterior hace que la retribución por participar en el programa sea aún menor. Además, los profesores reclaman la falta de transparencia en los mecanismos de pago al personal docente y de apoyo que labora en las escuelas que comprende este programa, al no habérseles expedido un comprobante de pago con el cual puedan constatar formalmente las precepciones a las que son acreedores. Por tanto, la falta de comprobantes de pago genera sospechas en cuanto a la limpieza con la que son manejados los recursos de este programa.

A pesar de las situaciones inconvenientes anteriores, también son dignos de señalarse algunos puntos favorables del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Por ejemplo, destaca su ubicación: la mayoría de los planteles participantes se sitúa en localidades donde predomina la pobreza, el hambre y/o la delincuencia; así, según el Quinto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, de las 25,032 escuelas que en 2017 formaron parte del programa,  18,075 de ellas se situaron en municipios en los que opera la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 6,424 en donde funciona el Programa Nacional Para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Asimismo, es destacable que en algunas escuelas de este tipo se brinde servicio de alimentación, habiendo sido beneficiados aproximadamente 1.6 millones de alumnos. Cifras como las anteriores representan sin duda un esfuerzo por acrecentar la incipiente equidad de nuestro sistema educativo.  

Situaciones adversas como las explicadas en párrafos anteriores son compartidas no sólo por docentes colimenses, sino de todo el país. Además de las muestras de inconformidad, han generado un creciente deseo en muchos maestros de abandonar el programa. Algunas autoridades educativas han respondido negativamente a esta inquietud de los profesores, argumentando que el programa aludido depende sólo de la aceptación de la comunidad (a la cual, por cierto, nunca se consultó). Sin embargo, al revisar el Acuerdo Número 16/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación  del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2017 se establece que mediante el documento Carta Compromiso de la Escuela, “la escuela pública de educación básica expresa a la AEL [Autoridad Educativa Local] la voluntad de participar en el Programa Escuelas de Tiempo Completo […]” así como el compromiso para realizar las acciones correspondientes”. Así pues, según las reglas de operación, es la escuela y su personal quien determina, por voluntad propia, la aceptación del programa. 

Las deficiencias en la organización y el equipamiento de las escuelas, así como la insuficiencia de personal, entre otros factores, han provocado que las horas adicionales de estos planteles sean “más de lo mismo”. Numerosos estudios dan cuenta que el aumento de la jornada escolar, por sí mismo, no repercute necesariamente en la calidad de los aprendizajes. Así, por citar algunos ejemplos, Razo (2016) señala que “la relación entre el tiempo y el logro de los estudiantes no es lineal. Su efecto estará en función de la calidad de las interacciones y las experiencias educativas” (p.634), coincidiendo con Martinic (2015) quien, entre otras  ideas, establece que “cualquier innovación en los tiempos escolares debe ir acompañada de cambios en las prácticas pedagógicas y en los recursos disponibles para el profesor” (p.495).

Considerando lo anterior, se hace evidente la necesidad de fortalecer la infraestructura de las escuelas pertenecientes al programa en cuestión, así como propiciar una mejor organización de los procesos organizativos y pedagógicos al interior de las escuelas y la contratación de profesores que permitan completar adecuadamente los servicios que se ofrecen en los planteles. Es urgente entonces que se susciten las modificaciones que eviten que el programa de Escuelas de Tiempo Completo, como en el caso de la escuela primaria de la comunidad El Chanal, Colima, se convierta en una simple extensión de la jornada laboral.


*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Quinto informe de gobierno. 2016.2017. México: autor, 2017.
MARTINIC, Sergio. El tiempo y el aprendizaje escolar. La experiencia de la extensión de la jornada escolar en Chile. En: Revista Brasileira de Educaçao vol. 20, num. 61. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782015000200479&lng=es&tlng=es#fn04
RAZO, Ana. Tiempo de aprender. El aprovechamiento de los periodos en el aula. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 21, num. 69. México: COMIE, 2016. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14045395011

SEP. Orientaciones pedagógicas para las Escuelas de Tiempo Completo. México: autor, 2009.

lunes, 29 de enero de 2018

Evaluación del desempeño: tropezando con las mismas piedras

*Rogelio Javier Alonso Ruiz

A principios de 2018, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha publicado el documento Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación del desempeño 2016, en el cual se estudia la opinión de 5,843 docentes que participaron en la Evaluación del Desempeño 2016, tanto por convocatoria como por segunda oportunidad, acerca de condiciones materiales, organizativas y académicas, entre otras, no sólo de los momentos de la ejecución de la evaluación, sino además de las etapas previas y posteriores. Al revisar el informe se observa una peculiaridad: generalmente las opciones de respuesta no dan lugar a matizar las opiniones o hacerlas más específicas, por ejemplo, al evaluar los mecanismos de comunicación del proceso de evaluación sólo existen dos posibles respuestas (“alto nivel de satisfacción” o “bajo nivel de satisfacción”). De este modo, la forma de presentación de los resultados obliga, quizá de manera intencional, a ver el vaso medio lleno o medio vacío, impidiendo así conocer con mayor detalle las dimensiones de los procesos sobre los cuales se encuestó a los participantes.

Al adentrarse en el informe, se advierte que los procesos administrativos siguen representando una seria dificultad en la Evaluación del Desempeño. Los profesores que presentan la segunda oportunidad de la evaluación han manifestado inconformidad por en cuanto a los mecanismos de notificación para participar en el proceso y los canales de comunicación con las autoridades correspondientes. En concordancia con lo anterior, más de la mitad de los encuestados (54.9%) se declaró insatisfecha con el tiempo de anticipación con el que recibió la notificación para participar en el proceso; además, casi la mitad (47.8%) también se mostró inconforme con los mecanismos de comunicación empleados para el proceso de evaluación.

Uno de los instrumentos de evaluación del desempeño docente con opiniones más desfavorables es el examen pues casi la mitad de los encuestados (49.3%) de segunda oportunidad y buena parte (43.8%) de los que atendieron la evaluación  por convocatoria,  manifestó una valoración negativa sobre la relación entre la guía de estudio proporcionada por la autoridad y el contenido de la prueba. Acerca de las características del examen, unos y otros coinciden en  valoraciones negativas diversos sobre diversos rasgos de la prueba: extensión de las preguntas, cantidad total de reactivos, precisión de la redacción y contextualización de las preguntas y los casos.  Aunado a que un examen no es un instrumento que permita hacer juicios sobre el desempeño docente, los graves errores que perciben los profesores sobre el mismo hacen imperante un rediseño del mismo o una sustitución  por otro instrumento que refleje con mayor fidelidad las capacidades de un docente.

Una de las condiciones más importantes para que una evaluación sea adecuada es la transparencia, no sólo en la ejecución de la misma (sobre todo en la parte de la calificación), sino en la información que se brinda al final del proceso. Resulta alarmante que más de la mitad de los encuestados que aplicaron la evaluación en su segunda oportunidad haya señalado tener poco o nada de conocimiento sobre el proceso de calificación de la evaluación del desempeño (60.7%) y sobre la emisión de resultados (62.5%), mientras que en quienes atendieron al proceso por convocatoria, la insatisfacción alcanzó niveles cercanos a la mitad (42.2% y 44.4%, respectivamente).  Es muy grave entonces que los profesores evaluados desconozcan no sólo a los agentes evaluadores, sino que no exista mecanismos para establecer comunicación con ellos y conocer detalles acerca de las valoraciones emitidas. Resulta riesgoso para la confiabilidad de la evaluación que, además de situaciones como las anteriores, los profesores no tengan la oportunidad de conocer su examen calificado, sobre todo cuando recientemente el mismo titular del INEE, Eduardo Backhoff, ha reconocido la necesidad de incrementar la formación ética de los evaluadores.

Al defender la evaluación docente, las autoridades educativas argüían que ésta estaba diseñada no sólo para determinar el grado de idoneidad de un profesor sino, además, para servir de base para los procesos de acompañamiento posteriores para la mejora de las debilidades detectadas. No obstante lo anterior, los profesores que presentaron la segunda evaluación y que recibieron procesos de regularización, manifestaron opiniones favorables y desfavorables prácticamente en la misma proporción sobre diversos rasgos de los mismos: contenido, diseño y duración de los programas de regularización, acompañamiento del facilitador y funcionamiento de la plataforma virtual, entre otros. Así pues, no existe una opinión favorable contundente sobre los procesos de fortalecimiento derivados de las necesidades detectadas a partir de la evaluación docente, de lo que se deduce la necesidad de fortalecer los mecanismos para generar cambios positivos en los maestros evaluados y así erradicar la idea de que esta evaluación tiene como fin único el despido de docentes.

Si bien es muy grave que la evaluación docente siga teniendo fallas considerables en cuanto a la pertinencia de sus instrumentos (sobre todo del examen), los mecanismos de notificación y comunicación, la transparencia y los procesos de acompañamiento y regularización, es digno también de señalarse los aspectos en los que ha tenido mejoras. Así, por ejemplo, a diferencia del primer año en que fue aplicada la Evaluación Docente, en la encuesta referida resaltan opiniones favorables mayoritarias (casi todas superiores al 80% de satisfacción) en cuanto a las sedes de aplicación, el funcionamiento de los equipos de cómputo, la atención y trato brindado por los aplicadores y el ambiente vivido durante la aplicación de la evaluación.  

En conclusión, es urgente que se susciten cambios significativos en el proceso de evaluación docente. Es indispensable para propiciar más confiabilidad establecer mecanismos de comunicación más ágiles y claros entre los evaluados y las autoridades correspondientes, así como transparentar las acciones (como la calificación de instrumentos) que derivan en la asignación de un nivel de desempeño. Asimismo, el examen debe ser reformulado o, en su caso, sustituido por algún instrumento que realmente refleje los conocimientos más pertinentes de los profesores en su actuar en el aula. Aunque evidentemente tendría costos muy considerables, la evaluación de los docentes requiere incluir en su estructura acciones e instrumentos que realmente valoren el desempeño de los profesores, resaltando así la importancia de la observación directa como una de las formas más precisas para valorar las capacidades de un maestro. Aunque hay mejorías en algunos aspectos, sobre todo de organización e infraestructura, es lamentable que en aspectos sustanciales de la evaluación, como los citados al inicio de este párrafo, se siga “tropezando con la misma piedra”.


*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

INEE. Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación del desempeño. México: autor, 2018.

jueves, 25 de enero de 2018

Ideas para la democratización del SNTE

*Rogelio Javier Alonso Ruiz

La democracia, como es bien sabido, no se limita únicamente al ámbito de elección de alguna autoridad o representante, sino que va más allá: debería permear en el funcionamiento de la estructura misma de una organización. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin duda, debe pulir muchos elementos tanto de sus procesos electorales, como de la dinámica misma de la organización. Para reflexionar sobre ello, en cuanto al primer aspecto, se retomará la forma en que se eligen a los Comités Ejecutivos Seccionales, mientras que en el segundo, el papel de los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales.   

En cuestión electoral, las prácticas del SNTE tienen que buscar la manera de perfeccionar dos aspectos: la forma en que se emiten los sufragios y el valor que tiene cada uno de ellos. Hay una situación que ilustra ampliamente el primer aspecto: los miembros de un Comité Ejecutivo Seccional saliente tienen derecho a participar y votar individualmente en el congreso en el que se elige a la nueva dirigencia sindical, por el contrario, el resto del magisterio tiene que depositar sus intenciones electorales en un intermediario: un comité delegacional. Así pues, los miembros de los Comités Ejecutivos Seccionales tienen el privilegio de sufragar directamente, mientras que el resto del magisterio tiene que hacerlo de manera indirecta a través de un intermediario.

El depósito de las intenciones de voto en un delegado puede traer además otro riesgo. En términos democráticos, existe un vicio al cual se le conoce como “tiranía de las mayorías”: cuando los intereses de las mayorías se imponen, anteponiendo precisamente el principio de las mayorías, pero además, someten y erradican a los de las minorías. Algo similar sucede cuando los trabajadores eligen delegados para que sean ellos quienes con su voto representen sus intenciones. Esto trae consigo un riesgo inminente para la democracia sindical: la intrascendencia de los intereses electorales diferentes a los del conjunto de delegados. Así pues, sólo por ejemplificar, puede que en una delegación de 500 trabajadores, 200 no simpaticen con las preferencias electorales de los delegados y, al votar éstos en función de lo que diga la mayoría de su delegación, los 200 trabajadores en cuestión (que fungen como minoría) serán ignorados electoralmente. De este modo, las prácticas electorales sindicales, en algunos de sus niveles, favorecen prácticas tiránicas de las mayorías.

Como se mencionó anteriormente, las prácticas electorales del SNTE también, en algunos niveles, representan un agravio a un principio democrático elemental: la igualdad en el valor de los sufragios. Así pues, por ejemplo, en las elecciones de los nuevos Comités Ejecutivos Seccionales, las intenciones electorales de un miembro del comité saliente tiene valor de un voto, mientras que la del resto del magisterio, se aglutinan en un voto depositado por el delegado o conjunto de delegados.   De este modo, surge un cuestionamiento evidente: ¿por qué la intención de un miembro del Comité vale un voto, mientras que la intención de decenas de maestros tiene el mismo valor al ser emitida por el voto de un delegado o un conjunto de delegados? De este modo, se puede decir que en algunas prácticas electorales sindicales (no en todas), el voto de algún integrante del Comité Seccional tiene un valor infinitamente superior al de un profesor de la base.

La situación anterior deriva además en una condición poco favorable para la vida democrática: dificultades para suscitar procesos de alternancia. Al tener un peso mayor el de los integrantes de los miembros de los Comités Ejecutivos Seccionales salientes, quienes tienen pase directo a los congresos extraordinarios para elección de autoridades sindicales y votan de manera individual y directa, es evidente que tienen mayor trascendencia en la decisión electoral que la organización tome. De esta manera, el interés de este grupo tendrá mayor peso en las urnas que el de los trabajadores de la base, lo que lógicamente podría traer consigo la continuidad excesiva en los puestos de gobierno sindical por personas afines a un mismo grupo. Los sanos procesos de alternancia de una institución democrática, sin duda se pudieran alcanzar, entre otros factores, mediante la práctica del voto individual y directo en la elección de las más altas jerarquías de gobierno sindical.

Uno de los pilares de la democracia es la participación activa de la mayor cantidad posible de los miembros de una organización, de modo que el diálogo, las decisiones y las acciones no siempre estén centralizadas en las altas jerarquías de gobierno sindical. En cuanto a esto, vale la pena que la dinámica organizacional del SNTE revitalice dos instancias básicas: los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales. En cuanto a los primeros, actualmente algunos miembros del Comité Ejecutivo Seccional han usurpado algunas de las atribuciones que de acuerdo al Estatuto vigente de la organización tienen los representantes de centros escolares, tales como servir de enlace entre sus representados y los órganos de gobierno sindical. Aunado, a lo anterior, se han descuidado y, en algunos casos, prácticamente olvidado, algunas funciones trascendentales de los Representantes de Escuela, tales como la participación en reuniones bimestrales con sus homólogos de otros planteles y el Comité Ejecutivo Seccional, además de celebrar reuniones de trabajo con sus compañeros de plantel.

En relación a los Comités Ejecutivos Delegacionales, desafortunadamente su participación en el funcionamiento de la organización se ha ido limitando hasta, en algunos lamentables casos, servir únicamente para la organización de eventos sociales. En algunos casos, esta instancia sindical ha dejado de ejercer facultades importantes que le adjudican el Estatuto sindical, tales como la atención y trámite de asuntos y conflictos de trabajo, la gestión de plazas, prestaciones laborales y profesionales destinadas a los miembros de la Delegación, la creación de grupos de estudio, culturales o científicos, la demande de la eficiencia de los servicios médicos para los miembros de la agrupación, etc. Así pues, se observa que, contrario a los principios democráticos, las facultades importantes de algunas instancias de la organización sindical, tales como los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales, han sido arrebatadas por miembros de la misma organización sindical. La vida democrática y la participación dentro de la dinámica organizacional del SNTE no debe iniciar desde las más altas jerarquías, sino a la inversa, debiendo replantearse de modo que las instancias de representación más cercanas a las bases tengan una trascendencia real en el funcionamiento de la organización.

En suma, considerando situaciones como las que en este escrito se han enunciado, es evidente que si se pretende hablar de un sindicato democrático, el SNTE debe subsanar algunas prácticas que impiden una democratización plena de la organización. Lo anterior sin duda pasaría no sólo por la modificación de los estatutos sindicales, sino, además, por la vigorización de los ya existentes. En materia electoral, deben buscarse los mecanismos para hacer que el voto individual y directo de cada miembro de la organización sea el vehículo para la elección de autoridades sindicales de alta jerarquía.  Si bien la figura de un delegado es –o debería ser– importante en diversas tareas sindicales, no debería ser el depositario de los votos de la base, pues éstos se simplifican en un solo sufragio perdiendo drásticamente su valor matemático y, además, corriendo el riesgo de contaminación de los intereses de las mayorías.  Al practicar el sufragio individual y directo, se estaría también eludiendo uno de los efectos negativos de la vida democrática: la tiranía de las mayorías, es decir, la relegación de quienes piensan diferente a los grupos mayoritarios.

En cuanto al funcionamiento de la organización sindical se deben fortalecer y hacer valer las facultades que tienen las diferentes instancias de representación, sobre todo aquellas más cercanas a las bases, tales como los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales. De esta manera, al ampliar las posibilidades de acción para más actores, sin duda la vida democrática del sindicato se acrecentaría, evitando la centralización del diálogo y la toma de decisiones en los más altos puestos de gobierno y así generando un mayor interés de la base en el acontecer de la vida sindical.


*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS


SNTE. Estatuto. México: Autor, 2013. 

jueves, 18 de enero de 2018

El gasto publicitario de la SEP: ¿cuánto cuesta disfrazar la realidad?

*Rogelio Javier Alonso Ruiz

Durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto la SEP destinó a publicidad 2,365 millones de pesos: 678 millones en los 32 meses de gestión de Emilio Chuayfett y 1,687 millones en los primeros 16 de Aurelio Nuño. El gasto propagandístico se intensificó cuando Nuño fue Secretario de Educación, llegando a gastar un promedio de tres millones y medio de pesos diarios, es decir, 146,440 pesos cada hora de ese periodo de casi año y medio. Las cifras anteriores fueron dadas a conocer en una nota periodística (http://www.proceso.com.mx/518651/el-despilfarro-de-nuno-en-la-sep-mil-687-mdp-en-publicidad-en-solo-16-meses-de-gestion) basada en información proporcionada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los indignantes montos anteriores coexisten, de manera inexplicable,  con el desplome dramático del gasto educativo que se ha dado a partir de 2015: de 351,000 millones aprobados en ese año, tres después se han aprobado 275,000 millones de pesos, es decir, un recorte de 12%.  

El despilfarro en publicidad por parte del gobierno federal y, en particular, de la SEP, resulta indignante al revisar las malas condiciones de la infraestructura educativa nacional (INEE, 2016): basta decir que menos de la mitad de las escuelas (45%) cuenta con los servicios básicos de agua, luz y drenaje, que  sólo la mitad de las instituciones educativas (54.8%) cuenta con cancha deportiva, que una de cada diez escuelas (11.1%) carece de tazas sanitarias o éstas no funcionan, o que en apenas una de cada cuatro escuelas (23.3%) hay acceso a internet. ¿Cuántas canchas deportivas se pudieron haber construido, cuántas tazas sanitarias se pudieron haber adquirido o cuántas redes hidráulicas o eléctricas se pudieron haber instalado con los casi 150 mil pesos que destinó la SEP, cada hora, para promoverse en los medios de comunicación durante los primeros meses de la gestión de Aurelio Nuño? Resulta difícil entender la lógica de alguien que considera que los enjambres de spots son más importantes que dotar a los alumnos de la infraestructura básica para ejercer su derecho a la educación.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto para Publicidad de la SEP ha registrado un sobre gasto en los últimos años (2013-2016), es decir, se ha gastado más de lo aprobado inicialmente para este fin. Tan solo en 2015, los gastos en publicidad fueron 255% superiores  a los que inicialmente se tenían contemplados, es decir, se gastó más de tres veces lo que se tenía destinado a este rubro. En 2016, el sobregasto alcanzó el 200%. Si bien la adecuación de los recursos públicos para cierto fin es permitida legalmente, el CIEP advierte que los sobregastos continuos y desproporcionados pueden ser reflejo de una mala planeación presupuestaria y niveles bajos de control y rendición de cuentas. De este modo, el hecho de que los gastos en publicidad sean superiores a los aprobados, implica también que se haya despojado de recursos a otros programas del sector educativo (por ejemplo, en remuneraciones a personal de confianza se registró un sub gasto de 28.6% en 2016). Además, el hecho de que se suscite un incremento tan desmedido en el monto para publicidad, pudiera ser también un indicio de falta de limpieza en el manejo  de los recursos económicos.

En el periodo de 2012 a 2016, sin duda los spots más abundantes fueron aquellos relacionados con la implementación de la Reforma Educativa y la evaluación docente. En ellos, se hacía hincapié en que las políticas derivadas de las modificaciones constitucionales redundarían en la presencia de profesores más capaces en las aulas mexicanas. Paradójicamente, el promedio de gasto publicitario cuando Chuayfett y Nuño fueron secretarios de educación (591 millones de pesos anuales), superó ampliamente a los recursos asignados en 2013 a una de las instancias más importantes para la formación docente: 366 millones de pesos al Sistema Nacional de Formación Continua (INEE, 2016 b). Aunque no se puede asegurar que todo el presupuesto de estos años haya tenido como destino la promoción de la Reforma Educativa, muy probablemente se gastó tanto o más en promocionar la idea de los beneficios de un magisterio preparado, que en una de las instancias más importantes para la formación del profesorado.      

Si bien la comunicación social es importante, la necesidad de gastar recursos en publicidad de una manera tan desproporcionada es reflejo de los escasos resultados favorables de quienes nos gobiernan. En el ámbito educativo, se tuvo que recurrir, por ejemplo, a la emisión de spots para tratar de promover la aceptación de la supuesta obra cumbre de este sexenio en la materia: el “nuevo” modelo educativo, el cual, de manera contradictoria, carecía de novedad y fue criticado severamente por amplios sectores de expertos. La evaluación docente, también uno de los temas educativos más relevantes del presente sexenio, provocó el rechazo de amplios sectores del magisterio por ser nociva para sus derechos laborales y también fue acreedora de valoraciones negativas de conocedores del tema, quienes advertían múltiples fallas metodológicas; el gobierno, en respuesta, inundó de anuncios publicitarios  que promovían los supuestos beneficios de la evaluación docente. Así pues, se puede observar que la implacable carga de anuncios publicitarios oficiales fue un medio para distorsionar la visión sobre algunos de los grandes yerros gubernamentales en materia educativa.

Los gastos excesivos en publicidad de la SEP resultan indignantes sobre todo si se tienen en cuenta las lamentables condiciones materiales de muchas escuelas mexicanas (algunas sin agua, luz, drenaje, computadoras, internet, etc.). Es contradictorio que en los egresos para propaganda oficial reine la opulencia y el despilfarro cuando, simultáneamente, muchos centros escolares están sumidos en la precariedad.  Además de lo obsceno que resultan los montos que se destinaron para la propaganda educativa oficial, es perverso también el contenido de la misma: intenta disfrazar con optimismo infundado la solución de los grandes desafíos educativos de nuestro país, promoviendo en muchos casos la simulación (como, por ejemplo, la construcción del supuesto modelo educativo vanguardista) y presentando una realidad distorsionada ajena e incongruente de la que viven cotidianamente todos los maestros y alumnos mexicanos.  “Mucho ruido y pocas nueces” pareciera ser el principio que orienta a los spots oficiales, los cuales intentan transmitir la idea de la realización de obras educativas trascendentales mientras miles de alumnos no tienen una taza sanitaria para usar en su escuela.


*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
CÁMARA DE DIPUTADOS .Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. México: AUTOR, 2016. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016 (consultado el 17 de enero de 2018).
CIEP. Las discrepancias en el presupuesto educativo: aprobado vs ejercido. México: CIEP, 2017. Disponible en: http://ciep.mx/las-discrepancias-en-el-presupuesto-educativo-aprobado-vs-ejercido/#_ftn3 (consultado el 17 de enero de 2018).
INEE. Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: INEE, 2016.
ROA, Julio. El despilfarro de Nuño en la SEP: mil 687 mdp en publicidad en sólo 16 meses de gestión. México: Proceso, 2017. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/518651/el-despilfarro-de-nuno-en-la-sep-mil-687-mdp-en-publicidad-en-solo-16-meses-de-gestion (consultado el 16 de enero de 2018)

miércoles, 10 de enero de 2018

¿Qué hace la diferencia: la escuela privada o el alumno y su contexto?

*Rogelio Javier Alonso Ruiz

¿Es mejor un entrenador que alcanzó el campeonato con un equipo conformado por jugadores de élite, a un entrenador que, contando con una plantilla modesta, logró apenas librar las últimas posiciones de la competición? ¿Quién tiene mayor mérito en un caso y otro? Las respuestas a estas preguntas seguramente pueden ser muy variadas y lo más probable es que no se encuentre una postura correcta única: desde quien privilegie el resultado final, hasta quien matice su respuesta considerando el esfuerzo y potencial de cada equipo. Algo similar sucede al discutir la calidad de las escuelas públicas y privadas. Una de las ideas que impera entre la población es que las instituciones educativas particulares son mejores que las públicas, tomando como justificación más frecuente la comparación del desempeño de éstas en pruebas estandarizadas. Sin embargo, a este supuesto generalmente escapa el análisis de un elemento trascendental: la conjugación de las condiciones escolares con las características del alumnado que atiende. De este modo, la supuesta superioridad de la escuela privada y la inferioridad de la escuela pública quedan relativizadas, al considerar los múltiples factores que determinan los alcances de cualquier institución educativa.

De acuerdo con la SEP (2017), para el ciclo escolar 2016-2017, las escuelas de sostenimiento privado concentraban el 13.5% de los poco más de 36 millones de alumnos que integran la matrícula total del sistema educativo, es decir, aproximadamente uno de cada ocho estudiantes. La proporción de alumnos en escuelas privadas es desigual a lo largo de los niveles educativos, notándose un incremento a medida que se avanza en el trayecto educativo: 10.1% en educación básica, 18.7% en media superior y 29.4% en superior. La intensificación de la educación por sostenimiento privado en los últimos niveles llega a tal punto que, para la educación superior, existen más escuelas particulares (3,103) que públicas (2,208), fenómeno seguramente asociado a los altos índices de abandono y falta de cobertura en la etapa final del trayecto educativo obligatorio y la primera fase postobligatoria. 

En términos de infraestructura y servicios, las escuelas privadas cuentan con mucho mejores condiciones que otros tipos de escuela (comunitaria, indígena, general, etc.). Según el INEE (2014), el 92.5% de centros escolares particulares tienen los tres servicios básicos (agua, luz y drenaje), cuando el resto de escuelas del país ni siquiera alcanza un tercio (31.8%).  Además, los alumnos de instituciones particulares tienen acceso a tazas sanitarias suficientes (97%), pupitres en buen estado (99.5%), computadoras (89.3%) e internet (68.2%) en mayor proporción que el resto de alumnos del país (57.1%, 68.2%, 32.2% y 11.3%, respectivamente). Las cifras anteriores reflejan una evidente superioridad de las condiciones materiales de las escuelas privadas sobre el resto de centros escolares del país, factor que sin duda favorece el aprendizaje al interior de estas instituciones.

Es común que, además de su infraestructura,  las instituciones educativas particulares promocionen sus resultados en pruebas estandarizadas para captar alumnado. Sin embargo, los hallazgos de la OCDE (2011) sobre los resultados de las escuelas públicas y privadas en la prueba PISA 2009 motivan a cuestionar si los puntajes favorables de las instituciones particulares son necesariamente un reflejo fiel de la calidad del centro escolar. Teniendo la reserva de que  los exámenes de este tipo son instrumentos limitados en cuanto a lo que pueden medir y sus resultados no siempre son sinónimo de la calidad del trabajo que se realiza en una escuela, vale la pena revisar las conclusiones de la OCDE acerca de los resultados en la prueba PISA de las escuelas públicas y privadas. Si bien se establece que el alumno promedio de una escuela particular supera al alumno promedio de una escuela pública, como quedó demostrado en la prueba de 2009, donde los primeros superaron a los segundos por 30 puntos en las actividades de lectura, se debe mirar más allá del puntaje para entender el éxito de las instituciones educativas privadas en este tipo de exámenes.

El buen desempeño de las escuelas privadas en la prueba PISA está asociado, según la OCDE (2011), a que “los centros privados tienen una población mayor de alumnos aventajados, más recursos materiales, menor escasez de profesorado y mejores climas disciplinarios que los centros públicos” (p.2). No obstante la conjugación de los elementos señalados anteriormente, la OCDE hace hincapié en la trascendencia del alumno y su entorno socioeconómico como factor detonante del éxito de una escuela en este tipo de pruebas, estableciendo que “los alumnos de los centros públicos que están inmersos en un contexto similar al de los alumnos de los centros privados suelen tener un rendimiento igual de bueno” (2011, p. 1).

A escala nacional, el análisis de los resultados de la prueba PLANEA 2015, confirman los supuestos de los párrafos anteriores. Al igual que en PISA, los estudiantes de sexto grado de educación primaria de escuelas particulares tuvieron mejor desempeño en Lenguaje y Comunicación que el resto de las escuelas: 603 por 459 puntos. En Matemáticas, también las escuelas privadas (588) aventajaron a las otras escuelas (470). Al analizar los resultados, el INEE (2017) advierte que las características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes tienen una gran influencia en el logro de los aprendizajes medidos en la prueba mencionada. Al respecto, señala que “tanto el nivel de marginación de la localidad como los RFAB [Recursos Familiares Asociados al Bienestar] tienen un impacto considerable para explicar el logro educativo de los estudiantes” (p.146), de modo que el 87% de las variaciones en los puntajes en Lenguaje y Comunicación pueden ser explicados considerando variables del alumno como edad, sexo, marginación y entorno familiar.

¿Por qué entonces, según los dos casos anteriores, en igualdad de condiciones individuales un alumno de una escuela pública puede tener los mismos alcances que uno de escuela privada?  Para encontrar una respuesta debemos recordar una premisa básica: la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos que no necesariamente se encuentran ligados por una relación de causa y efecto (Gvirtz y Palamidessi, 2006, p. 135), pudiendo suscitarse la enseñanza (incluso de la mejor calidad) sin que se produzca el aprendizaje o viceversa. Pareciera entonces una postura fatalista (la enseñanza no influiría en nada en el aprendizaje) pero no es así, pudiera decirse que una buena enseñanza incrementa las probabilidades, sin garantizar nunca, de que se consolide el aprendizaje. Así pues, todo lo referente a la enseñanza (infraestructura, prácticas pedagógicas, organización escolar, etc.) puede o no encontrar suelo fértil en función de las condiciones (sociales, culturales, biológicas, etc.) de quien intenta aprender.

La indiscutible superioridad en infraestructura, los recursos económicos adicionales que reciben y la organización de los centros escolares particulares son indudablemente condiciones que, sin ser determinantes, favorecen en gran medida el aprendizaje de los alumnos. A pesar de esto, sin afán de minimizar la influencia de los factores anteriores, es evidente que el origen de los alumnos tiene un papel decisivo en los alcances de cualquier escuela. Aunque la calidad de una institución educativa no necesariamente se mide con base en los resultados de pruebas estandarizadas, los análisis de las pruebas internacionales y nacionales, como PISA y PLANEA, permiten inferir el gran peso que tiene el contexto de los estudiantes en la consecución de los objetivos escolares.  Así pues, no son por sí mismas las instalaciones, el personal y la organización de una escuela particular lo que hace que obtengan mejor desempeño en pruebas de este tipo, sino su interacción con un elemento esencial: el alumno y sus características individuales afines al aprendizaje.  


*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
GVIRTZ, Silvina y Mariano PALAMIDESSI. El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. Buenos Aires: Aique, 2006.
INEE. Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: autor, 2016.
INEE. Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México. Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. México: autor, 2017.
OCDE. Pisa in focus. Centros privados: ¿a quién benefician? Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49184642.pdf  (Consultado: 09 de enero de 2018).

SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017. México: autor, 2017.