Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
El 12 de diciembre de 2018, el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una
iniciativa que considera la desaparición del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE). Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 contempla un recorte de casi la mitad (45%) de los recursos
destinados al organismo. Ante tales hechos, la consejera presidenta del INEE,
Teresa Bracho González, señaló que la reducción presupuestal y la posible
desaparición de este instituto representa una afectación al equilibrio de
poderes en la vida democrática de nuestro país, argumentando además que es
indispensable contar con un organismo autónomo para conocer de manera confiable
la realidad educativa mexicana. En este contexto, ante la inminente
desaparición del INEE, vale la pena reflexionar por qué se desea lo anterior, pensar
si existen alternativas a la extinción y valorar la importancia de la autonomía
de éste o cualquier otro organismo que tenga tareas similares.
Contrario a lo que buena parte de la
opinión pública pudiera pensar, el INEE no es producto de la Reforma Educativa
de 2013: sus orígenes se remontan a hace casi dos décadas (2002), si bien a
partir de 2013 alcanzó su carácter de organismo público autónomo. Fue en ese
año que además se le asignaron tareas relativas al, en ese entonces, naciente
Servicio Profesional Docente, tomando así mayor relevancia en el debate público
y ganándose, merecidamente, una opinión negativa entre un sector importante de
los docentes, al ser percibido como un organismo que avalaba una evaluación
sumamente criticada e incluso descalificada no sólo por los docentes sino por
expertos en el asunto.
El rechazo de amplios sectores del
magisterio hacia el instituto se debe pues a su asociación con la evaluación
docente. Cabe aclarar que, si bien el INEE no ha sido el responsable de la
implementación de tal evaluación, entre sus facultades se encuentran, como se
establece en el artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, “aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos
para llevar a cabo la evaluación en el Servicio Profesional Docente”, así como
“autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia” de los profesores. Dicho de otro modo, el INEE
ha sido responsable de validar el qué
y el cómo de la evaluación docente.
Su responsabilidad es indiscutible ante una evaluación que fue percibida por el
magisterio y por múltiples expertos en la materia como defectuosa técnicamente
y con fines perversos en cuanto a la preservación de los derechos laborales del
profesorado.
Considerando la autonomía del
instituto para aprobar la evaluación docente, vale la pena preguntarse: ¿Por
qué se empecinó, por ejemplo, en validar un examen de conocimientos cuando las
mismas encuestas realizadas por el instituto publicadas desde 2016 hasta 2018, indicaban
fallas importantes en cuanto al contenido, la duración y la redacción de la
prueba escrita? ¿Por qué el INEE permitió una evaluación que sigue sin
contemplar la observación directa del profesor ni mucho menos evidencias de
desempeño, sino sólo de conocimientos y de producto? ¿Por qué avaló una
evaluación cuya transparencia queda en entredicho, al no ser auditables, por
ejemplo, los errores y aciertos que obtuvo un profesor en su examen de
conocimientos? Interrogantes como las anteriores ponen en tela de juicio la
voluntad para hacer valer la autonomía que legalmente se le ha conferido al
INEE.
Aunque se puedan tener razones para
estar en desacuerdo con el INEE, resulta riesgos retirarle su autonomía o bien
crear en su lugar un organismo dependiente del poder ejecutivo. Estudios
importantes como las series “Panorama educativo de México” o “La educación
obligatoria de México” son algunos ejemplos de documentos generados
periódicamente por el instituto que ofrecen información muy valiosa para
conocer las condiciones educativas de nuestro país. Vincular o subordinar al
instituto a la Secretaría de Educación Pública pudiera ser amenazante para
garantizar la objetividad del análisis educativo que se realice a futuro.
Coincidiendo con la apreciación de uno los consejeros del instituto, Eduardo
Backhoff, al establecer que el INEE debe ser la conciencia crítica del sistema
educativo, pudiera ser improbable lograr lo anterior si le es retirada su autonomía.
En suma, es indefendible la actuación
que el INEE ha tenido a partir del surgimiento del Servicio Profesional
Docente. Aunque estuvo consciente de las fallas, el organismo no ejerció el
supuesto contrapeso ante las políticas evaluativas que emprendió el poder
ejecutivo en los años recientes. No haber hecho valer su autonomía para desaprobar
la evaluación docente, parece haber sido un error que originó el repudio de
buena parte del magisterio y, por consiguiente, marcó el inminente destino del
instituto. Sin embargo, aunque es
innegable que el INEE no ha ejercido a cabalidad la autonomía que se le ha
conferido ni ha sido un contrapeso efectivo para las autoridades educativas, esto
no debería significar una razón para que este instituto, o el que llegue en su
lugar, sea ligado al poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación
Pública. Lo anterior sin duda tendría efectos nocivos en la vida democrática de
nuestro país: el poder ejecutivo fungiría como juez y parte del hecho educativo.
La continuidad de la autonomía del INEE no debería siquiera formar parte del
debate público. Éste, en cambio, debería centrarse en las medidas para
garantizar que el instituto fortalezca y ejerza su autonomía: buscar, por
ejemplo, alternativas en los métodos de selección de sus consejeros, evitando
la injerencia del Ejecutivo Federal, o bien, revisar y, en su caso, modificar
las atribuciones que se le confieren al INEE. Así pues, valdría la pena
reflexionar si la extinción o la pérdida de autonomía es un castigo justo y
conveniente ante los errores que en el pasado reciente ha tenido el instituto.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
REFERENCIAS
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. México: autor, 2013.
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