Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
El pasado 12 de diciembre el Presidente
de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa para la
modificación de diversos artículos constitucionales en materia educativa. Fue
hasta cuatro meses después, en la madrugada entre el 24 y 25 de abril, que la
Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se modifican los artículos
3°, 31 y 73 constitucionales. Si bien
este hecho concreta cambios importantes en materia educativa, también da lugar
a muchas incógnitas que seguramente serán despejadas con el surgimiento de las
leyes secundarias correspondientes en los próximos meses.
Una de las modificaciones más
importante que se hacen al artículo tercero constitucional se refiere a que el
Estado deberá garantizar que los individuos puedan tener servicios educativos
desde el nivel inicial hasta el superior. Aunque la educación básica continuará
comprendiendo desde el nivel preescolar hasta el medio superior, el Estado
estará obligado a garantizar que todos los mexicanos puedan tener servicios
educativos también en el nivel inicial y en el superior. La factibilidad del
mandato anterior puede estar en entredicho, sobre todo si se considera que se
han agregado dos eslabones más al trayecto educativo, cuando aún hay carencias
importantes en la cobertura y la tasa de escolarización en los extremos del
trayecto obligatorio anterior. ¿Será posible y realista que se pretenda
garantizar la educación inicial y superior cuando ni siquiera se ha logrado
afianzar totalmente la oferta educativa en los niveles preescolar y medio
superior? ¿Será ésta una aspiración a muy largo plazo o simplemente una letra
muerta en el texto constitucional? Lo que es evidente es que esta meta supondrá
un importante esfuerzo presupuestario.
Con las modificaciones en materia
educativa que se realizaron a la Constitución surge, en sustitución del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un nuevo
organismo descentralizado que gozará también de autonomía en su operación y se
encargará de la mejora continua de la educación y la revalorización del
magisterio. El INEE fue criticado en el pasado por no haber ejercido a
cabalidad su autonomía: desde no haber invalidado los procesos de evaluación
hasta haber permitido que éstos se interrumpieran por orden de un Secretario de
Educación. Lo anterior, para muchos, fue un reflejo de que sus integrantes,
sobre todo los de mayor jerarquía, respondían a los intereses del poder
ejecutivo en lo referente, especialmente, a la evaluación docente. No obstante,
en el nuevo organismo se sigue advirtiendo que la conformación de su grupo de
dirigentes seguirá politizada: serán los grupos parlamentarios los que definan
a sus integrantes, corriéndose el riesgo, una vez más, de una orientación afín
el grupo político dominante del momento. ¿Será posible ejercer entonces a
plenitud la autonomía que el texto constitucional confiere a este nuevo
organismo? ¿Deberán lealtad los integrantes del instituto a quienes los
pusieron en el cargo?
En el dictamen analizado, si bien se
menciona que las Escuelas Normales serán fortalecidas, se advierte una
situación de riesgo: este tipo de instituciones seguirán adoleciendo de
autonomía curricular ya que sus programas de estudio serán diseñados por el
Gobierno Federal. Asimismo, en lo referente a los procesos de selección, sigue
sin establecerse como requisito un perfil pedagógico de los aspirantes
(faltaría revisar las leyes secundarias), lo cual va en detrimento de la
relevancia y la matrícula normalista. ¿Es posible fortalecer la oferta
educativa normalista desoyendo uno de sus reclamos más sentidos: la autonomía?
¿Por qué no sustituir, o complementar, en los procesos de ingreso que se
mencionan, la “igualdad de condiciones” de los aspirantes por una “formación
pedagógica mínima” para así dar mayor pertinencia a la labor de las Normales?
El artículo tercero transitorio del
dictamen aprobado deja sin efectos las medidas que afectaron la permanencia en
el servicio de los profesores que fueron evaluados. Esto, a todas luces,
representa un acto de justicia ante el uso de una evaluación, considerada
defectuosa por muchos expertos, como medio para determinar la continuidad
laboral del magisterio. Sin embargo, meter reversa en el cese de profesores
podría ser más complicado de lo que aparenta. ¿Qué pasará cuando tengan que
reinstalar a un profesor cesado en el lugar de un maestro que ganó esa plaza en
un concurso de oposición? ¿No se contrapondrá la propuesta de reinstalación con
la del respeto a los derechos adquiridos? ¿No es un conflicto entre los
artículos transitorios segundo y tercero? Evidentemente, la reinstalación de
los despedidos por la evaluación docente deberá ser pensada con mucho cuidado,
sobre todo en el ámbito administrativo.
Uno de los puntos más polémicos de la
Reforma Educativa es el artículo 16 transitorio. En él, se establece que las
condiciones laborales del magisterio serán regidas por el apartado B del
artículo 123 constitucional, que otorga derechos de escalafón para los
trabajadores. La oposición ha percibido
esto como una grieta que puede ser aprovechada por el sindicato para influir
nuevamente, mediante comisiones mixtas, en el manejo de las plazas docentes. Si
este fuera el caso, se estaría echando por la borda quizá uno de los pocos
aspectos positivos de la Reforma Educativa de 2013 que fueron reconocidos por
un sector importante de docentes (aminorar la influencia del sindicato en el
manejo de las plazas educativas). Este artículo transitorio, así como el resto
del dictamen, no da muchas luces sobre las particularidades de los procesos de
ingreso y promoción. En efecto, será necesario esperar hasta la promulgación de
las leyes secundarias para poder apreciar cómo es que se logra concretar, de
manera más detallada, el enunciado contenido en el artículo transitorio
señalado. Mientras esto sucede, surgen algunas preguntas: ¿Qué se entiende por
procesos de ingreso en igualdad de condiciones: será nuevamente dar cabida a
egresados de carreras con escasa o nula preparación pedagógica? ¿Cómo se
logrará apartar el manejo de plazas de influencias políticas o sindicales?
En suma,
las modificaciones constitucionales que se aprobaron el 25 de abril en la
Cámara de Diputados, a la espera de lo que suceda en la Cámara de Senadores,
representan tan solo el prólogo de la Reforma Educativa que ha impulsado el
nuevo gobierno federal. La obra no está concluida. Se ha dado un primer paso
que orienta a pensar en cambios favorables en el ámbito educativo, tal como la
desvinculación de la evaluación docente a la permanencia en el servicio y la
restitución de los profesores cesados, pero se perciben riesgos y dudas como
los que tienen que ver con la autonomía del organismo sustituto del INEE, los
procesos de evaluación docente o la implementación del escalafón. Muchas
incógnitas prevalecen sobre detalles específicos que deberán ser abordados
necesariamente en las disposiciones que se deriven de los artículos
constitucionales. Así pues, las leyes secundarias deberán ayudarnos a encontrar
con mayor claridad el sentido de esta nueva reforma y permitirnos decir, tal
como un célebre comediante mexicano afirmaba, “¡Ahí está el detalle! Que no es
lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter:
@proferoger85
REFERENCIA
CÁMARA DE DIPUTADOS. LXIV LEGISLATURA.
Dictamen de las Comisiones Unidas de
Educación de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
educativa. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190423-VII.html
Muy bien maestro.
ResponderEliminarSe nota su buena redacción
Estaba siguiendo de cerca la votacion en la camara de Diputados y me di cuenta de varais buenas propuestas pero casi todas, menos una las desecharon, las fracciones parlamentarias votan en grupo y en cascada, una situación que provoca que las leyes en cierto momento ya no se enriquezcan.
Lo triste de esto es que en el Senado no paso.
Si fuera usted senador que haria?
Yo cambiaria la ley para que no existieran periodos ordinarios ni extraordinarios, sino un congreso
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