Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
Al grito de “¡SNTE! ¡SNTE! ¡SNTE!”,
los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 39 de esa organización sindical festejaron de
manera enjundiosa, el pasado 28 de septiembre de 2018, en el Congreso, la aprobación de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del
Estado de Colima. No les importó que se haya decretado la extinción del
anterior organismo de Pensiones, descaradamente saqueado, sin siquiera
advertirse acciones para sancionar a los culpables. No les importó, mucho
menos, el enojo de la base magisterial, a la cual, por cierto, como en otras
ocasiones, no invitaron a la jubilosa celebración en el recinto legislativo. Se dijo que este nuevo instituto, junto con
la normatividad recién creada, garantizaría por varias décadas un entorno
favorable para los compromisos pensionarios con el magisterio.
La aseveración anterior no tardó en
desmoronarse. A poco más de un año de la aprobación de la ley mencionada, en el
mismo lugar, el secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del
Estado, Kristian Meiners Tovar, compareció ante la LIX Legislatura. En tal evento, el funcionario reconoció que existe un adeudo del
Gobierno del Estado al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del
Estado de Colima (IPECOL) por un total de
179 millones de pesos, monto derivado de retención de cuotas de trabajadores,
aportaciones patronales pendientes y retraso en el pago de la deuda con
respecto al extinto instituto de pensiones, la cual, por cierto, deberá ser cubierta en un plazo de veinte años por un escandaloso total de 730 millones de pesos. Ante este adeudo tan grande,
una de las integrantes de la legislatura cuestionó sorprendida: “¿Dónde carajos
está el dinero de los trabajadores del Estado?”, pregunta que ronda por la cabeza
de los miles de docentes de sostenimiento estatal a los que puntualmente, cada
quincena, se les descuentan las cuotas correspondientes sin que éstas se vean
finalmente reflejadas en los servicios que ofrece su instituto pensionario.
Los hechos posteriores a la creación
de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima han
dejado claro que el problema de las pensiones, jubilaciones y demás
prestaciones del magisterio no radicaba únicamente en la inviabilidad de los
procedimientos financieros que prevalecían, sino, sobre todo, en la falta de
voluntad y rectitud de algunos y en la silenciosa, pasiva e indiferente
complicidad de otros. Quedó demostrado pues que las cuotas del magisterio para
su sistema pensionario, tengan o no un sistema viable financieramente, siguen
quedando a disposición del patrón, con la complacencia de quienes se supone
deberían combatir ferozmente este tipo de malas acciones.
El episodio que se ha vivido con el
tema de las pensiones, de ser analizado con humildad, debe representar una gran
lección no sólo para la cúpula sindical, sino para la base magisterial. El
alejamiento de los intereses de la base por parte de los jerarcas sindicales ha
tenido consecuencias negativas. Fueron ellos quienes impulsaron electoralmente
al gobernador que hasta hoy ha afectado al magisterio estatal; fueron ellos
también quienes aceptaron la nueva ley de pensiones sin poner como condición el
resarcimiento de los daños anteriores y sin siquiera inmutarse ante las
campañas de desprestigio que se orquestaron contra quienes merecidamente gozan
de una jubilación. No es en vano pues que en las pasadas elecciones los
candidatos del partido del SNTE hayan tenido un apoyo prácticamente nulo por
parte del magisterio, lo que casi los lleva a la pérdida del registro electoral.
No es casualidad tampoco que las figuras sindicales sean blanco de desprecio y
reclamos cada vez que se atreven a pisar una escuela. No es fortuito tampoco
que empiecen a tomar cada vez mayor fuerza voces que piden incluso un cambio
radical e inmediato en la conformación del comité sindical. El SNTE tiene que
mirar hacia adentro y ver qué fue lo que provocó todo ese entorno. La
explicación del alejamiento de la base en los tiempos difíciles es por demás
ingenua.
Para la base los aprendizajes también
deben ser mayores. Por una parte, entender que la unidad sindical que tanto se
pregona y se pide a los agremiados no debe ser acrítica e incondicional: el
silencio no es conveniente cuando a todas luces el barco se dirige a un destino
indeseado. Se debe asumir que la defensa
de los derechos laborales empieza por el trabajador mismo y, ante hechos como
los referidos en este escrito y la pasividad de quienes ostentan cargos para
evitarlos, la indiferencia es también una manifestación de complicidad ante las
injusticias que se cometen. Esperar un llamado que probablemente nunca llegue
es como esperar a recibir la indicación
de abandonar un edificio cuando éste se está consumiendo en llamas.
Así pues, el agremiado debe también
reconocer su responsabilidad en situaciones como las que se están viviendo. El
trabajador común y corriente debe reflexionar en las consecuencias de sus
propios actos que parecieron intrascendentes: desde las elecciones sindicales
en las que votó apegado a la llamada telefónica que recibió un día antes y no a
sus propios intereses, pasando por los desfiles en los que se desplegaron
pancartas de agradecimiento al gobernador hasta aquellas asambleas
delegacionales en las que en vez de abordar temas laborales prioritarios, se
optó por degustar un desayuno. Vale la
pena pues cerrar este escrito con una reflexión del gran Paulo Freire: “¿Quién
sentirá mejor que ellos [los oprimidos] los efectos de la opresión? ¿Quién más
que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la
que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el
conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella” (2005, p.42).
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter:
@proferoger85
REFERENCIAS
FREIRE, Paulo (2005). Pedagogía del oprimido (segunda edición).
México: Siglo XXI.
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