Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
En una escuela pública, a finales del
ciclo escolar pasado, se recibió la visita de trabajadores del INIFED
(Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa) comunicando que se
instalarían bebederos en la institución. No obstante que el director del
plantel señaló que la escuela ya contaba con bebederos, el personal del
instituto argumentó que el recurso ya estaba asignado y la obra tendría que
realizarse forzosamente. Se mencionó que los bebederos estarían listos a
finales del mes de mayo y, actualmente, la obra inconclusa se encuentra
abandonada. Semanas después, tras varios
meses en que el directivo escolar solicitó al instituto de infraestructura
local, mediante numerosos y reiterativos oficios, la realización de obras de
mantenimiento y reparación en la escuela, finalmente éstas se concretaron. La
suma autorizada para las obras fue exorbitante (casi medio millón de pesos);
sin embargo, las acciones realizadas, a simple vista, no se acercaban al
presupuesto: tala de árboles, impermeabilización y reparación de superficies
deterioradas, principalmente.
Casos como el anterior, ocurrido en la
capital del Estado de Colima, ayudan a entender las lamentables condiciones de
infraestructura generales de las escuelas mexicanas. Las acciones para mejorar
la infraestructura generalmente son lentas, pues requieren de un proceso
burocrático largo que impide la atención oportuna de las necesidades. El
trabajo en la infraestructura educativa además es mal focalizado, pues se aleja
en muchas ocasiones de las necesidades reales y más urgentes de los planteles.
Finalmente, como se vio en el caso y de acuerdo a la opinión generalizada de
los actores educativos, los presupuestos asignados para las obras educativas se
perciben como sobreestimados, lo que motiva a sospechas en torno a la limpieza
en el manejo de los recursos.
Los resultados de la fiscalización de
la cuenta pública 2017 del Programa Escuelas al Cien, operado, entre otros
organismos, por el INIFED y los institutos de infraestructura local, da cuenta
de un mal uso de los recursos destinados al mejoramiento material escolar.
Según el informe especial elaborado por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) (2018), “los recursos del programa no se aplican en los lugares con
mayores carencias del país” (pp. 33-34), perpetuando así las inequidades
educativas. Además, el documento apunta
a la inflación deliberada de presupuestos: “las acciones y cobertura del programa,
desde el punto de vista de los Institutos de Infraestructura, es más amplia,
respecto a la visión del personal de los Centros de Trabajo” (p. 56).
Considerando lo señalado, no resulta
extraño el alarmante estado de la infraestructura educativa mexicana. Al
respecto, el INEE (2018) da algunas pinceladas del panorama físico de los
planteles: “sólo una tercera parte de las primarias públicas tiene al menos una
computadora para uso educativo” (p. 140), “uno de cada 10 preescolares y
primarias no dispone de un sanitario en su inmueble” (p. 136) y “en alrededor
de cuatro de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere
mantenimiento, pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene
fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos” (p. 136). El descuido de las instalaciones escolares ha
sido de tal grado que existen escuelas que no tienen la capacidad de atender dignamente las necesidades fisiológicas de los alumnos.
Producto de las modificaciones legales
educativas que bajo el presente gobierno federal se han suscitado, el INIFED ha
sido eliminado. Aunado a lo anterior, ha surgido el programa La Escuela es
Nuestra, cuyo propósito es mejorar las condiciones de infraestructura de los
planteles. Su novedad, además de priorizar la selección de planteles ubicados
en zonas de muy alta y alta marginación o concentración indígena, radica en el
hecho de que los subsidios económicos serán entregados directamente a las comunidades
escolares. Para el logro de lo anterior, se constituirá en cada plantel un Comité
Escolar de Administración Participativa (CEAP), conformado por padres de
familia (en quienes recae la presidencia), docentes, directivos y alumnos. Cada
CEAP se encargará de realizar un diagnóstico de la situación de infraestructura
del plantel, para posteriormente elaborar un plan de trabajo, contemplando la
suma de recursos asignada, cuyo gasto deberá ser comprobado una vez que
finalicen las obras.
El programa La Escuela es Nuestra
parece responder a algunas de las problemáticas que se han descrito con
respecto a la atención que se le da a la infraestructura escolar. En primera
instancia, el hecho de que los comités se integren por agentes directamente
relacionados con el plantel, seguramente favorecerá que los recursos sean
empleados en necesidades reales y prioritarias: no volverá a suceder, como se
relató al inicio de este escrito, casos en los que a una escuela se le instalen
dos veces bebederos. Es digna de aplauso la conformación de los CEAP, pues
promueven una visión democrática y plural, en la que las decisiones no fluyen
verticalmente, sino horizontalmente. Nadie mejor que los alumnos, los padres de
familia y los maestros conocen las necesidades de cada plantel. Los criterios
de selección para participar en el programa claramente se orientan hacia la
equidad: atender primeramente a los más necesitados; derivado de lo anterior, en la lista de planteles participantes para la
primera etapa del programa, se observa, por ejemplo, un total de 5,608 escuelas
chiapanecas, por 50 ubicadas en Nuevo León.
Al ser asignados directamente a los
CEAP, los recursos seguramente se verán reflejados más rápidamente en la
realización de obras. Aparentemente, se reducirán los intermediarios, lo que
además pudiera tener consecuencias favorables en el combate a la sobreestimación
de los costos que tanto ha caracterizado a las instituciones oficiales de
infraestructura educativa. No obstante, lo anterior también representa un reto
importante para el buen manejo de los recursos: al dispersar el dinero en
tantas manos, la vigilancia del mismo se volverá más compleja, aunque, debe
decirse, que en ésta intervendrá la comunidad escolar. No debe considerarse que
tal manera de organizar el manejo de los recursos económicos garantiza la
eliminación de la corrupción, pero es justo señalar que dentro de la vigilancia
de los mismos se involucra a los primeros interesados en las mejoras de los
edificios escolares.
El Programa La Escuela es Nuestra
representa una modificación radical a la manera en que se ha abordado el asunto
de la mejora de la infraestructura educativa, no sólo por la forma de
asignación de recursos, sino por la participación de la comunidad escolar. El
planteamiento del programa, al menos en apariencia, es bueno. No obstante, su
éxito también dependerá del presupuesto que reciba: de poco servirá esta forma
de organización si el alcance presupuestario del programa es limitado.
Asimismo, el éxito del programa radicará en la capacidad de los CEAP para
generar programas pertinentes y efectivos, por lo que se hace necesario un
acompañamiento permanente a los mismos, así como una capacitación. Los criterios
de selección, privilegiando a los planteles en condiciones de marginación más
marcadas, parecen estar orientados a atacar quizá el peor defecto del sistema
educativo mexicano: la inequidad, esa tendencia a darle las peores escuelas a
quienes tienen peores condiciones de vida.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85 Facebook: El Profe Rogelio
REFERENCIAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(2018). Programa Escuelas al Cien.
Informe Especial. Resultados de su fiscalización. Cuenta pública 2017. Disponible
en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/Documentos/Informes_Especiales/Programa_de_Escuelas_al_Cien.pdf
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
(2018). Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra. Disponible
en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574403&fecha=03/10/2019
INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor,
2018.
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