Rogelio Javier Alonso Ruiz*
En medio de un debate educativo
centrado en la tecnología, las medidas sanitarias para el regreso a clases y la
reanudación del ciclo escolar, surgió una nota periodística cuyo encabezado
conjuga el asombro, la esperanza y la vergüenza: “Niña obtiene amparo para
recibir educación en mejores condiciones”. La noticia: Marichuy, una estudiante
de educación primaria en el municipio de Soledad, San Luis Potosí, logró, junto
con sus padres y un equipo de litigio, que una juez ordenara a las autoridades
educativas de su entidad que mejoraran el edificio escolar al que asiste, tras
denunciar situaciones tan indignantes como tener que evitar orinar durante el
horario de clases dadas la insuficiencia de las letrinas del plantel. Además, manifestó la falta de profesores, el
mal estado de las paredes y los techos, la mala ventilación y la carencia de
agua adecuada para el consumo humano.
El logro de Marichuy es una bofetada seca
y contundente al acartonado discurso político que no duda en ensalzar los
efectos positivos de la educación, en recordar una y otra vez al indio zapoteca
que a través de las letras superó su miseria hasta llegar a ser presidente, discurso
que incongruentemente proviene de quienes siguen permitiendo que sean
inauguradas escuelas sin los elementos mínimos necesarios ya no para aprender,
sino para albergar dignamente a seres humanos. Lo expuesto por la estudiante
potosina es tan solo una pequeña muestra de las enormes carencias materiales en
el ámbito educativo que se concentran, sobre todo, en aquellos planteles a los
que asisten los niños originarios de los contextos más adversos.
La hazaña de la niña potosina es
también un recordatorio de la atención a las prioridades más urgentes de
nuestro sistema educativo. Se ha debatido mucho en estos momentos, por ejemplo,
acerca de las enormes carencias y necesidades en cuanto al uso de la tecnología
educativa. En otros tiempos el debate público se ha centrado en los resultados
de pruebas internacionales, en las legislaciones en materia educativa, las
pugnas entre los grupos de poder en el ámbito y los procesos de selección de
docentes. Temas como éstos, sin duda importantes y necesarios de reflexionar,
palidecen ante otros de mayor calado que no reciben la atención suficiente de
la opinión pública, tales como el abandono escolar, la falta de cobertura en el
servicio educativo o, como en el caso que ocupa a este escrito, las lamentables
condiciones materiales de los planteles escolares.
La acción de Marichuy debería ser la
punta de lanza para abrir el debate educativo desde una perspectiva más
integral. No puede ser posible que sigamos soñando en una educación de
vanguardia mientras permitimos que existan escuelas como la de la niña potosina.
Es vergonzoso, por aislado que sea el caso, que sólo mediante una orden del
poder judicial una escuela pueda aspirar a tener baños dignos, planta docente
completa o muros en buen estado. Desafortunadamente, la precariedad de las
instalaciones escolares, así como otras desgracias educativas, ya no son
noticia en México y pareciera que son algo natural.
La hazaña en San Luis Potosí, además
de resaltar una realidad educativa lamentable para buena parte del alumnado
mexicano, debe ser vista como un emblema en la defensa del derecho educativo y
la escuela pública: nos vino a recordar que no es normal ni mucho menos aceptable
la precariedad de las instalaciones escolares, ni cualquier otro tipo de
afrenta a un derecho tan valioso como el educativo. Con su ejemplo, Marichuy
nos invita a soñar muy alto: ¿Qué pasaría si, emulándola, los alumnos y padres
de familia de muchas partes del país denunciaran las malas condiciones de los
planteles? ¿Si ya no fuera algo normal ni tolerable la falta de agua potable, electricidad
o techos dignos en las escuelas? ¿Si hubiera consecuencias legales para todos
aquellos que inauguran escuelas en tales condiciones? ¿Si nos decidiéramos a
defender, hasta las últimas instancias, a la institución que por esencia debe
buscar la igualación social: la escuela pública?
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Facebook: El Profe Rogelio
La escuela pública debe de adecuarse al contexto local no ha seguir estándares internacionales, ellos nos dicen que modelo seguir, pero no nos dejan hacer lo que ellos hicieron cuando eran subdesarrollados para crecer, eso lo prohíben.
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