Rogelio Javier Alonso Ruiz*
México enfrenta problemas
significativos de asistencia escolar, sobre todo en los extremos del trayecto
educativo obligatorio. Según el INEE (2018, p. 346) se fueron de la escuela
1,287,875 alumnos, de primaria a bachillerato, durante el ciclo escolar
2016-2017. Considerando que en aquel entonces el calendario escolar constaba de
200 días, cada jornada dejaban de estudiar, en promedio, 6,439 niños y jóvenes.
De esa magnitud es el abandono escolar. Fenómenos como éste, en los niveles educativos
mencionados, hacen que la asistencia a instituciones de educación superior sea
poco probable para la mayoría de los estudiantes mexicanos. Lo anterior se ve
concretado en el hecho de que, por cada 100 alumnos que ingresan a primaria,
sólo 24 egresen de licenciatura (SEP, 2018. p 12). Ante esta situación, ha surgido del gobierno
federal el programa Jóvenes construyendo el futuro, que se fundamenta en datos
como los mencionados.
Existe un bajo índice de asistencia
escolar por parte de los jóvenes de 18 a 24 años. A nivel nacional, este grupo
de población, con edad típica para cursar el nivel superior, registra una
asistencia de apenas 32.2%. Buena parte de estos jóvenes, aunque quisiera, no
tendría la posibilidad de ingresar al nivel superior, al carecer del
antecedente para cursarlo (educación media superior). Los cálculos de la OCDE
(2019) coinciden en que la mayoría de mexicanos de esa edad se encuentran fuera
de la escuela. De hecho, el promedio de asistencia escolar mexicano, de 37.8%,
se sitúa muy por debajo de la media de la organización (52.6%) y aún más de
países como Holanda o Alemania (65.3% y 62.2%, respectivamente). De acuerdo con
los cálculos de la OCDE, del 62.3% de jóvenes mexicanos que no estudiaban, 40.7%
se encontraba trabajando, mientras que el 21.6% se encontraba desempleado o
inactivo. A este último grupo se le ha
conocido en nuestro país con el término ninis
(ni estudian, ni trabajan), mote utilizado frecuentemente con énfasis despectivo.
El rezago en la atención escolar a
jóvenes con edad idónea para la educación superior es considerable. No obstante
que de 2012 a 2018 la matrícula de este nivel se incrementó 19%, esto no ha
sido suficiente para lograr niveles aceptables de asistencia para una población
que, en el mismo lapso, creció apenas 1.8%. Dicho de otra manera, la acelerada
oferta educativa no ha logrado alcanzar al ya desacelerado crecimiento
demográfico juvenil. Aún hay una larga brecha entre ambos.
Al revisar la estadística oficial
(SEP,2018, p. 12), se advierte otro factor riesgoso para la atención educativa
de la población juvenil mexicana: la disminución de escuelas. En este sentido,
pese a que, como ya se dijo, se incrementó la matrícula en el periodo 2012 a
2018, en ese mismo lapso los planteles de educación superior registraron una
reducción de 18.6%. Resulta extraño que, con menor cantidad de escuelas, se
haya logrado aumentar la cantidad de estudiantes. ¿Qué significará esta
contradicción? ¿Un nivel de ocupación mayor de los planteles de educación
superior? ¿Cada vez menos espacios disponibles en estas instituciones?
De acuerdo a las proyecciones de la Comisión
Nacional de Población (CONAPO, 2019) apenas en 2017 se alcanzó el nivel máximo
de población con edad típica para la educación superior. Esto podría
representar un elemento a favor para, en el mediano plazo, el mejoramiento de
la tasa de asistencia. Sin embargo, el antecedente de la educación preescolar
indica que esto no necesariamente ocurrirá: a pesar de su obligatoriedad a
partir del ciclo escolar 2002-2003, los niveles de atención a la población con
edad idónea para cursarla se han estancado entre 70.7% y 71.8%, de 2012 a 2018,
respectivamente, no obstante que la población infantil de 3 a 5 años se contrae
desde hace más de dos décadas. Así pues, la obligatoriedad marcada constitucionalmente
(que no es el caso de la educación superior) y la contracción de su población
objetivo no son suficientes para lograr niveles de asistencia escolar
aceptables.
Pasando al plano laboral, son
considerables las adversidades a las que, según el INEE (2019, p. 469) se
enfrentan los jóvenes de 15 a 29 años que no concluyeron el nivel superior: los
egresados de estudios superiores logran una tasa de ocupación de 72.9%, muy
superior a los que tienen escolaridad de educación básica (43.7%) o media
superior (52.7%). En relación al salario, quienes concluyeron la educación
superior tienen ingresos de casi el doble (89% más) que los de escolaridad
básica y 61% más que los de media superior. Así pues, la inasistencia al nivel
superior afecta ampliamente las posibilidades de encontrar un trabajo o
percibir buenos ingresos. Se cumple así un supuesto que goza de amplia
aceptación social: a mayor escolaridad, mejores condiciones laborales. ¿Pero qué tan justa es tal idea? ¿El
desempleo y los malos pagos son un castigo adecuado para aquellos que no fueron
a la escuela? Sin duda, la aseveración se relativiza sobre todo al considerar,
como es bien sabido, que las posibilidades escolares no dependen únicamente de
la voluntad del estudiante.
La realidad descrita en los párrafos
anteriores parece no pasar inadvertida para el gobierno federal, que a través
del programa Jóvenes construyendo el futuro, busca, según los lineamientos del
mismo, “aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral para los
jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que no trabajan, a través de
capacitaciones en el trabajo”. Entre los beneficios para los participantes,
destaca la capacitación en un centro de trabajo, que podrá tener un periodo
máximo de doce meses e incluirá, sin costo, los materiales e insumos necesarios
para dicha actividad. Además, los jóvenes recibirán una beca de $3,600.00
mensuales y seguro médico.
La meta sexenal es beneficiar a 2.3
millones de jóvenes. De acuerdo a estimaciones de la CONAPO (2019), se espera
que para 2024 exista una población de 25.8 millones de habitantes de 18 a 29
años. Si se toma el porcentaje estimado
por la OCDE en relación a los jóvenes que no estudian ni trabajan (21.6%,
aunque cabe decir que considera el rango de 18 a 24 años), se podría decir, de
manera aproximada, que existirán en México alrededor de 5 o 6 millones de
posibles aspirantes al programa.
Entonces, la meta del mismo se enfoca en la atención de poco menos de la
mitad de la población objetivo.
Para 2020, el presupuesto asignado al
programa fue de 25 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, sirve
decir que los recursos asignados son 10 veces mayores que los destinados al
proyecto de construcción del Tren Maya. Una cantidad similar se destinó a las
becas para el nivel medio superior, 28 mil millones, mientras que para el nivel
superior se programaron 7 mil millones (Barriguete, 2019). Llama la atención
que el abundante presupuesto se dé a la par de la reducción en partidas para
áreas específicas que parecieran situarse en la raíz del problema que da origen
al programa: por ejemplo, la reducción de recursos a las Escuelas Normales y al
programa Prepa en línea, el cual, por cierto, quedó al borde de la desaparición
(sus recursos se redujeron 98%).
Sobra decir que el programa no ataca a
la raíz del problema que afecta a los beneficiarios, sin embargo, debe ser
pensado como una medida temporal mientras se consolidan a mediano o largo plazos
otros factores de mayor trascendencia como la ampliación de la oferta educativa
y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas. Alcanzar que al
menos la mitad de la población juvenil asista a la escuela y, por consiguiente,
pueda integrarse en mejores condiciones al mercado laboral, es una meta que
seguramente se sitúa a varios años. Mientras tanto, parece sensato el hecho de
buscar una alternativa para esa considerable proporción de jóvenes que
difícilmente regresarán a las aulas. En un contexto como el mexicano, no es
descabellado pensar en esa población juvenil desempleada y sin acceso a la
escuela como un caldo de cultivo para la migración ilegal, la actividad
económica informal e incluso la delincuencia.
Desde luego que el análisis del
panorama de la vida educativa y laboral de los jóvenes, si bien justifica la
existencia del programa, no es suficiente para una valoración integral. Recientemente,
una auditoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social descubrió
anomalías en 55% de empresas que se prestan como capacitadoras (Reforma, 2020).
Las irregularidades apuntan sobre todo a fallas en el registro de los centros
de trabajo, dando la impresión, en algunos casos, de una posible simulación. Se
sabe también de empresarios que han aprovechado las becas para ahorrarse el
salario de sus trabajadores. Es evidente pues la falta de mecanismos de
vigilancia más estrictos que impidan que situaciones corruptas como éstas
desvirtúen las intenciones del programa.
Evidentemente quedan muchas preguntas
en el aire: ¿cómo garantizar una ordenada dispersión de los recursos económicos
de este programa? ¿es razonable el presupuesto que se le asigna? ¿cómo
verificar los resultados y así determinar su continuidad? ¿cómo promover
mecanismos de auditoría más eficaces tratándose de una población objetivo tan
amplia? ¿cómo evitar que el programa se convierta en un mecanismo político
electoral? ¿cómo disminuir el riesgo de ser aprovechado por empresarios que
buscan ahorrarse algunos pesos en el pago del salario de sus trabajadores? El
gobierno federal está obligado a tratar de responder, en la práctica, a estos
cuestionamientos.
Desafortunadamente, después de las
elecciones de 2018, pareciera que en la sociedad hay un proceso de polarización
cada vez más agudo. Esta dinámica, que en ocasiones raya en el fanatismo tanto
de adeptos como de opositores, ha impedido en muchos casos analizar de manera
objetiva el acontecer diario: o es lo mejor o es lo peor, no caben matices. Pocas cosas tan dañinas para la vida
democrática como una opinión pública cegada por el rencor o por la idolatría. Si
bien sería inadecuado ocultar áreas de mejora, tampoco es aceptable la difusión
de mensajes distorsionados que reducen el programa a un mero mecanismo de
entrega de dinero a holgazanes. Considerar a la población juvenil que no
estudia ni trabaja como simples ociosos es ignorar los adversos contextos
educativos y sociales que millones de jóvenes enfrentan cotidianamente. Se
podrá debatir en otros momentos sobre posibles tintes político electorales de
este programa, malas prácticas o incluso sobre sus resultados, pero al menos
desde el panorama de la educación superior mexicana y la integración de los
jóvenes al mercado laboral, esta acción gubernamental parece estar bien
justificada.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria
y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Facebook: El Profe Rogelio
REFERENCIAS
BARRIGUETE, ALEJANDRA (2019). En 2020 habrá menos recursos para Jóvenes
Construyendo el Futuro. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/presupuesto-jovenes-construyendo-futuro-2020/
(consultado el 04 de julio de 2020).
CONAPO (2019). Indicadores demográficos 1950- 2050. Disponible
en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 (consultado el 04 de julio de 2020).
INEE (2018). Panorama educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo
Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor.
INEE (2019). Panorama
educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación
Básica y Media Superior. México:
autor.
OCDE (2019). Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2019. Informe español.
Madrid: autor.
REFORMA (2020). Tiene anomalías 55% de apoyo a jóvenes. Disponible
en: https://www.reforma.com/tiene-anomalias-55-de-apoyo-a-jovenes/ar1981023 (Consultado
el 05 de julio de 2020).
SEP (2019). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019. México:
autor.
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