Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
En la mayoría de sus discursos, el
secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no ha dudado en ensalzar
la figura del docente. Ha insistido, en más de una ocasión, que los maestros
son insustituibles, destacando una y otra vez la relevancia social de su
función, en sintonía con uno de los ejes del ideal educativo oficial: la
revalorización del magisterio. En abril del año pasado, al presentar la nueva
Reforma Educativa, Moctezuma Barragán advirtió a los medios de comunicación que
el mero cambio de discurso –de la denostación al reconocimiento– se había
traducido (según una encuesta de la que no dio mayores detalles) en un incremento
del nivel de aprecio de la sociedad hacia los profesores: puede que tenga
razón, pero no es suficiente.
Además de las palabras, la
revalorización del magisterio ha sido respaldada por un marco legal: el título
cuarto de la Ley General de Educación (LGE) reconoce que deberá buscar, entre
otros fines, fortalecer el desarrollo y superación profesional del docente mediante
la formación, capacitación y actualización; fomentar el respeto a la labor
docente y a su persona; reconocer su experiencia, así como su vinculación y
compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, y otorgar un salario
profesional digno. Tales propósitos son
replicados, de manera literal, por la Ley General del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros.
Así pues, la revalorización del
magisterio ha sido cobijada no sólo por los discursos, sino también por un
marco legal que sienta las bases para su operación. Evidentemente ambos
elementos, las palabras y las leyes, son insuficientes para concretar la tan
anhelada recuperación de la notoriedad del docente. A casi dos años del inicio
de un nuevo gobierno, el endulzamiento del oído del profesorado no ha estado
acompañado de acciones que redunden en condiciones profesionales y salariales más
favorables para los maestros.
De hecho, los discursos y las leyes parecen
ir en sentido contrario de algunos hechos recientes en la vida pública: el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla la
reducción presupuestal de más del 95% para la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la que dependen las Escuelas
Normales. Nuevamente, pese a que las leyes educativas mandatan el
fortalecimiento de estas instituciones (LGE, título cuarto, capítulo II) y a
que las palabras de las autoridades apuntan hacia la corrección de su situación
de abandono, los hechos se oponen con fuerza. Independientemente de que la
cuestión presupuestal sea enmendada a partir del debate legislativo, ¿qué
mensaje envían los autores de la propuesta? Si el sexenio pasado estuvo marcado
por la asfixia de la matrícula normalista, éste podría distinguirse por
propinar a estas instituciones un golpe presupuestal brutal.
Por si fuera poco, en el PPEF se
advierte otra situación contraria a la revalorización magisterial: se prevé la
disminución del 49% del presupuesto destinado al Programa para el Desarrollo
Profesional Docente. Por más que se hable de austeridad y de pulcritud en el
ejercicio de los recursos, ¿cómo pueden estas cifras conciliarse con el
supuesto interés por tener maestros mejor preparados? ¿son congruentes con lo
establecido en las leyes educativas? ¿no es éste un agravio al derecho de los
docentes de acceder a opciones formativas dignas?
Uno de los asuntos de mayor relevancia
en relación a la revalorización del magisterio fue la polémica evaluación
docente. Si bien fue un logro digno de celebrarse el despojarle su carácter
punitivo, el cambio en la evaluación ha quedado inconcluso. Se mencionó que, a
partir de la nueva Reforma Educativa, se daría énfasis a su enfoque formativo
para que sus resultados fueran la base para generar opciones de capacitación y
actualización del magisterio; nada de eso ha sucedido aún, pese a que está
marcado en la ley: no se han promovido ejercicios evaluativos diagnósticos para
los profesores y, de este modo, las ofertas formativas siguen desvinculadas de
las necesidades particulares. Así pues, las intenciones por hacer de la
evaluación ya no un instrumento para despedir profesores, sino para
fortalecerlos, quedaron a medias.
En términos económicos, la
revalorización del magisterio sigue a la espera. Sin contar el aumento salarial
de este año, que se suscita en condiciones especiales, el de 2019 fue apenas superior
(0.15%) que el último de la administración federal anterior. Pese a que ya se
cuenta con un marco normativo que mandata un salario profesional digno, desde
el 2018 los maestros no han podido participar en algún programa de incentivos
que, en otras épocas, hacía del sueldo de los maestros mexicanos uno de los más
elásticos (no mejor pagados) de la OCDE; sería hasta 2021 que los profesores podrían
gozar de algún estímulo en sus bolsillos. Así pues, el estancamiento salarial
del magisterio durará, cuando menos, los tres primeros años del gobierno
actual.
De este modo, se observa que falta
mucho por hacer realidad la revalorización del magisterio. No se esperaba que
de la noche a la mañana se resolviera la compleja situación docente, pero
tampoco acciones a todas luces contrarias a la revalorización magisterial,
tales como los intentos de reducción presupuestal mencionados. No se
menosprecia la importancia de un cambio de discurso que reconoce la importancia
del docente, sobre todo después de años de linchamiento pública y tampoco se
minimiza la trascendencia de contar ya con un marco legal propicio para hacer
realidad mejores condiciones para el profesorado.
Hasta el momento los discursos
optimistas sobre la revalorización del magisterio no concuerdan con las
condiciones actuales de los docentes ni mucho menos con las intenciones que se
han dejado entrever en relación a la asignación presupuestal. Las palabras seguirán
siendo huecas y las leyes letra muerta mientras no haya una auténtica dignificación
de la labor docente. Mientras siga el divorcio entre el discurso y la realidad,
los promotores de la revalorización del magisterio correrán el riesgo de quedar
como auténticos vendedores de humo.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Excelente reflexión, seguimos siendo una figura que no es valorada por todo lo que hace, y no creo que estén tomando en cuenta la situación de la pandemia, se dedican 24/7 para salir adelante de esta situación sin dejar a nadie fuera, quiero saber que otro profesionista haría eso. Mis respetos para todos los docentes que están luchando día a día para que sus alumnos salgan adelante de esto!! ��������
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