Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Comienzan a circular imágenes de paquetes de artículos de limpieza que recibieron, por parte de las autoridades, algunas escuelas para su reapertura. Quienes las publican advierten la insuficiencia de los materiales respecto a la matrícula para la que son destinados. Con base en tales dotaciones, se alerta además la necesidad de encontrar una fuente de ingreso para adquirir los elementos mínimos para la reactivación de la enseñanza presencial. Salta al aire pues la incógnita si serán las aportaciones voluntarias de los padres de familia, esas que han sido objeto de tanto debate, la clave para generar las condiciones mínimas de seguridad sanitaria en las escuelas.
La clase política de nuestro país no
duda en condenar las cuotas escolares. Tan solo en el último proceso electoral,
un candidato a gobernador en San Luis Potosí expresó que, de triunfar, las eliminaría
y haría realidad la gratuidad. En Tlaxcala, durante debate, preguntaron a los
candidatos a gobernadores si estaban de acuerdo con ellas y el rechazo fue
unánime; previamente, una de las participantes había afirmado que son un medio
de extorsión y corrupción. Hace algunos años en el Senado se discutía la
eliminación de éstas incluso cuando sean voluntarias, mientras que un partido
político tomaba el tema como punta de lanza de su intensa campaña publicitaria.
Recientemente, en Nuevo León, “para que estén tranquilos los padres de
familia”, el gobernador señaló que en la reapertura de planteles no habría
obligatoriedad de cuotas.
Se observa pues que el rechazo a las
cuotas escolares es un lugar común del discurso de la clase política. Tiene
razón en cierta parte. Desde luego que, bajo ninguna circunstancia, es válido
que las aportaciones sean un condicionante para la prestación del servicio
educativo. Pese a estar reconocidas legalmente, siempre como voluntarias, tal
adjetivo no exime de una sanción social y, en muchos casos, de presiones que
terminan orillando a los padres de familia a “acceder” al desembolso, aun en
situaciones económicas precarias. No se debe soslayar tampoco que son, de
manera disfrazada, un atentado contra la gratuidad de la educación.
En lo que la clase política no tiene
razón es en omitir el hecho de que, desafortunadamente, ante la indiferencia de
algunos, el mantenimiento y la operación de muchas escuelas depende en mayor o
menor medida de las aportaciones que realizan las familias de los alumnos. Casi
nadie habla de eso. Casi ninguno de los que aspiran a llegar a un puesto
público mediante discursos reivindicadores de la gratuidad educativa señala que
precisamente la omisión de quienes actualmente ocupan esos cargos es una de las
causas del fenómeno del que son detractores. El rechazo se sitúa no en el
origen, sino en los efectos. Se trata pues de una satanización a modo.
La vuelta a la actividad educativa
presencial implicará esfuerzos materiales considerables. Las escuelas han
estado en el desuso por más de un año, requiriendo muy probablemente tareas de
mantenimiento y reparaciones. Los protocolos que las autoridades plantean para
organizar el regreso implican el equipamiento de los planteles con materiales sanitarios
y de limpieza abundantes. La asistencia escalonada complicará los ingresos de
las escuelas. ¿Alcanzará la gestión propia de cada plantel para hacer frente a
tales requerimientos? ¿Garantizará permanentemente la autoridad las condiciones
mínimas para la operación segura de las escuelas? ¿Tendrán las familias que
asumir el costo de tales necesidades? Son preguntas que están por responderse.
La reapertura de escuelas representará
pues una oportunidad para que la clase política, aquella que en eventos
multitudinarios condena las aportaciones voluntarias y abandera la gratuidad de
la educación, demuestre en los hechos su compromiso. Brindará la posibilidad de
pasar de esos discursos dedicados a la satanización de las cuotas escolares, a
refrendar la gratuidad, entre otras condiciones, favoreciendo la sanitización (término
por cierto desaconsejado por la RAE) de los planteles sin que ésta cueste un
solo peso a las familias.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter:
@proferoger85
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