Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
La mañana del 15 de mayo, en evento para celebrar el Día del Maestro, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, anunció un incremento salarial diferenciado en función de las percepciones de los docentes. Al día siguiente, en la conferencia matutina presidencial, se detalló que, además de un incremento generalizado de 3.5% en salario y 1.8% en prestaciones, se otorgaría un 1% más al salario y, adicionalmente, 3%, 2% o 1% para aquellos grupos de maestros con ingresos más bajos (menos de $10,000, de $10,000 a $15,000 y de $15,000 a $20,000, respectivamente). En suma, los profesores de menores ingresos podrían aumentar su salario hasta 7.5%.
El incremento salarial diferenciado
provocó reacciones muy diversas. Algunos aplaudieron el hecho de que se busque
reducir las brechas entre los mayores y menores ingresos de los profesores. En contraparte,
llama la atención que un sector del magisterio, a través de redes sociales, haya tachado los aumentos
diferenciados como injustos, no por insuficiencia, sino por su focalización. Entre
los argumentos esgrimidos al respecto, se entrevé una idea desvirtuada del
mérito: “¿Cómo a esos que nunca han pasado un examen les van a elevar su
sueldo?” parecen preguntarse muchos con asombro e indignación. Así pues, el
aumento para quienes menos ganan se observa como una afrenta para los que a
través de esquemas de promoción horizontal o vertical han accedido a mejores
salarios. Un premio a la mediocridad, dicen otros. Los argumentos no son muy
lejanos de aquellos empleados para descalificar los apoyos otorgados a
los jóvenes sin estudio y empleo: dinero “regalado”.
¿Son correctas las afirmaciones del
párrafo anterior? ¿Hay una manifiesta falta de interés o capacidad de quienes
menos ganan? ¿Han sido suficientes los presupuestos de promoción horizontal de
los últimos años para abrigar a todos los profesores que se preparan y realizan
su trabajo adecuadamente? ¿Deben ser los esquemas de promoción horizontal la
única llave para un salario digno? ¿Han sido adecuados, en todo caso, sus
mecanismos para seleccionar a quienes merecen una mejora salarial? ¿Es del todo
despreciable una política de nivelación de salarios? ¿Hablamos de equidad sólo
de dientes para afuera? Respuestas a preguntas como las anteriores deberían
servir para matizar los juicios sobre la focalización de los aumentos.
De acuerdo a las cifras presentadas, serían
957,035 docentes, de los poco más de 2 millones que conforman el Sistema Educativo
Nacional, en todos sus niveles, los que se harían acreedores a incrementos
diferenciados. Es decir, la medida abarca a casi la mitad del universo de
docentes, mientras que a tres cuartas partes del magisterio de educación
básica. Con los aumentos anunciados, ese casi millón de profesores se acercaría,
al menos un poco, a las percepciones del resto de maestros del país.
Si bien las reflexiones anteriores no
intentan desviar la atención sobre la suficiencia o insuficiencia de los
últimos incrementos salariales o el nivel de percepciones de los docentes en
relación al de otros países, sí ponen de manifiesto que ha permeado en parte del
magisterio mexicano una idea desvirtuada de mérito que busca condicionar
ingresos mínimos dignos a la participación en sistemas selectivos de promoción
(cuya eje es la aprobación de un examen), que no combaten de fondo, sino que maquillan,
la precarización de las condiciones salariales del magisterio. Sacan a la luz
también, en algunos casos, el individualismo que prevalece sobre el interés
colectivo.
Desde luego que es necesario seguir
exigiendo mejoras salariales para el magisterio. Lo otorgado hasta hoy
seguramente seguirá siendo insuficiente para brindar condiciones salariales
dignas al profesorado o para acercarnos a los niveles de otras regiones. Se
requiere poner a prueba, con datos reales, la revalorización del magisterio que
tanto se ha mencionado en los discursos oficiales. Pero que esas exigencias no
caigan en la legitimación de los sistemas selectivos de promoción como única
vía de acceso a ingresos dignos. El bienestar salarial del magisterio no puede ser
excluyente y depender de aprobar un examen. Que el mérito mal entendido y el
individualismo no lleven a la desunión y a formular prejuicios, ni a suponer
que existen maestros de primera y de segunda.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter:
@proferoger85
Excelente reflexión. Comparto completamente. Además, coherente con el gobierno federal, primero los pobres, en este caso, primero los maestros pobres.
ResponderEliminarPor supuesto que justo es visualizar a quienes no acceden a beneficios. Desde mi punto de vista, es cuestiòn de equidad. Saludos Rogelio!!
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