Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Un padre de familia llegó a una escuela primaria urbana en el centro de la ciudad para solicitar inscribir a su hijo. Al ser atendido por el director del plantel y ser cuestionado sobre el grado solicitado, el padre del menor titubeó. Dijo un grado, luego otro, hasta terminar por confundirse y ser incapaz de dar una respuesta certera. La situación anterior quizá pueda relacionarse, entre otros factores, con dos medidas que se han implementado en los últimos ciclos escolares, con motivo de la emergencia sanitaria: la asistencia voluntaria y la promoción automática. Quizá desde las oficinas no se perciba, pero desde las escuelas se observa que ha acrecentado el desentendimiento de las obligaciones escolares de algunos padres de familia.
Por disposición del acuerdo 23/08/21,
si bien se reanudó el servicio presencial en los planteles, el ciclo escolar
2021-2022 se desarrolló dando la posibilidad a los padres de familia de,
voluntariamente, optar por no llevar a sus hijos a la escuela. Además, todo
parece indicar que, por tercer ciclo escolar consecutivo, los estudiantes de
educación básica serán promovidos automáticamente. No se puede negar que, en su
momento, la asistencia voluntaria y la promoción automática tuvieron justificación,
pero vale la pena reflexionar sobre las repercusiones de estas dos medidas dada
su aplicación tan prolongada.
Delfina Gómez Álvarez, secretaria de
Educación, expresó en diciembre del año pasado que habían regresado a las
escuelas, de manera presencial, 24,063,286 alumnos en 196,524 escuelas de todo
el país. Si se toman como referencia la matrícula oficial de educación básica
del ciclo anterior (35,588,589 alumnos), una tercera parte del alumnado
continuó, en el mejor de los casos, estudiando desde casa, si no es que algunos
truncaron su trayecto escolar. Es imposible saber cuántos de éstos se
encontraban voluntariamente en su hogar.
La asistencia voluntaria fue
determinante para disminuir las tensiones al reabrir los planteles escolares,
siendo una medida implementada no sólo en México sino en diversas regiones del
mundo para promover un regreso gradual. Sin embargo, valdría la pena analizar
las repercusiones de su aplicación tan extensa. ¿Por qué no reanudar la
obligatoriedad del envío de los hijos a la escuela cuando las autoridades de
salud han señalado una y otra vez que ésta no representa un espacio de riesgo
sanitario o cuando se ha dicho ya que el COVID-19 llegó para quedarse?
Las autoridades educativas han caído
en una contradicción al intentar recuperar la matrícula escolar: exigen a
directivos y docentes acciones para revertir el abandono escolar, incluso
mediante visitas domiciliarias, mientras sigue siendo voluntario estar o no en
la escuela. Sin soslayar los estragos económicos y sociales que la pandemia ha
dejado y que indudablemente han menguado las posibilidades de ir a estudiar,
parecería lógico suponer que el primer paso para recuperar al alumnado es
reanudar la obligatoriedad presencial. Lejos estamos de que los porcentajes de
asistencia escolar, como en lineamientos de evaluación anteriores, sean
considerados como requisito mínimo para la acreditación de un grado.
Por otra parte, la promoción
automática evitó que se agudizaran problemas como la repetición escolar o la
extraedad grave. Sin embargo, es necesario revisar si tal media ha contado con
estrategias efectivas para que, en cambio, se pueda hablar de una promoción
acompañada. El periodo de regularización de tres meses al inicio del ciclo
escolar, propuesto por la autoridad educativa federal, fue insuficiente. Pareciera
que se minimizó el impacto de la pandemia en los aprendizajes, pues la
secretaria de Educación aseguraba que era posible realizar actividades
remediales a la par del desarrollo de los programas escolares de cada grado. Queda
la incógnita si la práctica pedagógica en las aulas realmente privilegió los
aprendizajes fundamentales y si hubiera resultado útil la generación de un
currículum mínimo para efectos de regularización.
No se intenta decir que la reprobación
sea el remedio para los problemas de aprendizaje, pues varios especialistas
advierten sobre lo inadecuado de esta acción. Tampoco se sugiere, por más
ingenuo que parezca, que la asistencia diaria borraría el impacto de la
pandemia en las condiciones del alumnado para aprender. En su momento, sobre
todo cuando la enseñanza remota era generalizada, ambas medidas resultaban
necesarias. Sin embargo, a la fecha, hay elementos para señalar que dejaron de
tener pertinencia en los últimos meses. Es importante que la continuidad de
ambas disposiciones dependa de la perspectiva de quien puede distinguir con
mayor claridad sus efectos reales: el docente de grupo.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter:
@proferoger85
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