Rogelio Javier Alonso Ruiz*

La fusión de grupos y el cierre
de escuelas con baja matrícula tienen una evidente justificación económica: de
ninguna manera es discutible que puedan darse ahorros en el gasto educativo a
través de este tipo de acciones. Sin embargo, las razones económicas palidecen
cuando se observa, por ejemplo, el estratosférico presupuesto que se asigna a
la difusión de la Reforma Educativa (900 millones de pesos en los últimos tres
años), lo que indicaría que el dinero no sería una excusa para sostener a los
grupos y escuelas. Aunado a las justificaciones relacionadas con los recursos
económicos, existen también razones desde el punto de vista de la matrícula
para validar la reducción de espacios escolares: según el documento Sistema Educativo de los Estados Unidos
Mexicanos, Principales cifras 2015-2016 (SEP, 2017) el número de alumnos de
educación primaria ha decrecido 4.5% desde el ciclo escolar 2011-2012 hasta el
2015-2016, pasando de 14,909,419 a 14,250,425 estudiantes; mientras que en
educación secundaria, a pesar de que la población no ha dejado de crecer, del
ciclo escolar 2014-2015 al 2015-2016 se produjo un crecimiento casi nulo
(0.1%), al pasar de 6,825,046 a 6,835,245 estudiantes, lo que deja entrever una
reducción de la matrícula en un plazo muy próximo.
A pesar de las razones económicas
y demográficas que se han presentado, la reducción de grupos y escuelas no goza
de aceptación por parte de los docentes no sólo por, obviamente, poner en
riesgo su fuente de empleo, sino por razones meramente pedagógicas. Para ningún
maestro es un secreto que los grupos reducidos representan una ventaja para el
trabajo académico con los estudiantes. Al respecto, un estudio de
Botello-Peñaloza señala “una relación negativa entre el tamaño de la clase y el
desempeño académico de los estudiantes en América Latina con base en la prueba
internacional PISA de 2012” (2016, p. 106). Para el autor, los grupos reducidos
suponen múltiples ventajas: posibilitan una participación activa de todos los
estudiantes, una atención más personalizada por parte del docente, reducción
del número de interrupciones y además una mejor oportunidad para ajustar la
acción educativa a las condiciones del entorno social. No obstante que las
ideas anteriores son ampliamente aceptadas por los docentes, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que “en conjunto
no hay pruebas determinantes acerca de la repercusión del tamaño de las clases
en el rendimiento de los estudiantes” (p. 418).
Vale la pena revisar cómo está
México en cuanto al tamaño de los grupos y la relación del número de alumnos y
profesores, a la vista de la OCDE: en educación primaria, los grupos mexicanos
son de aproximadamente 19 alumnos (dos por debajo de la media de la
organización), mientras que en educación secundaria, de 28 estudiantes (cinco
por encima). Es decir, en conjunto, en educación primaria y secundaria, los
grupos mexicanos tienen un promedio de 23.5 alumnos, por 22 en promedio de los
países integrantes de la OCDE. Así pues, el tamaño de los grupos mexicanos está
ligeramente por encima de los países de la organización señalada. En cuanto a
la relación entre el número de alumnos y profesores el panorama cambia
radicalmente: mientras la media de la OCDE es de 14 alumnos por cada maestro de
educación primaria y secundaria, en nuestro país es de más del doble: 30; de
hecho, en educación secundaria, el número de alumnos (33) para cada profesor
mexicano, es casi el triple del resto de los profesores de la organización
(13). Considerando las cifras negativas
en cuanto a los estudiantes que le toca atender a cada profesor mexicano, es
inentendible la tendencia de las autoridades del país a cerrar grupos y
escuelas.
Es indiscutible que la matrícula
de educación primaria lleva ya seis años en un ligero pero sostenido retroceso,
mientras que la de educación secundaria aparentemente está próxima a un leve
declive. Sin embargo, el cristal con el que las autoridades miran esta situación dice mucho
de su compromiso con la calidad educativa: si se tratara de un gobierno
sensible a la causa educativa, vería en estos hechos la oportunidad propicia
para formar grupos con un número razonable de estudiantes que redunden en un
mejor servicio educativo; sin embargo, obstinadas en ahorrar a como dé lugar en
los gastos sociales, nuestras autoridades han demostrado que, para ellas, la
reducción de la población de escuelas primarias y secundarias es la oportunidad
perfecta para ahorrar recursos económicas cerrando grupos y centros escolares,
sin importarles la saturación de aulas y las consecuencias negativas que de ella
se desprenden. Así pues, estos fenómenos desnudan el escaso compromiso de las
autoridades y demuestran que su supuesto interés por la calidad educativa es
únicamente parte de un discurso hueco y propagandístico. El intento por reducir
lo más posible el gasto educativo irrita no sólo a los afectados directos (docentes
y estudiantes) con este tipo de medidas, sino a la población en general, que ve
con enojo como la austeridad impera cuando se trata de gastos sociales mientras
que la abundancia, el despilfarro y los privilegios dominan en los presupuestos
asignados a la clase política y gobernante.
*Docente colimense de Educación
Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior
(Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en
Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
REFERENCIAS
BOTELLO-PEÑALOZA, Héctor. Desempeño académico y tamaño del salón de
clase: evidencia de la prueba PISA 2012. Actualidades pedagógicas (67), 97-112.
Bucaramanga: Universidad Industrial
de Santander, 2016.
OCDE. Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE. Madrid:
Santillana, 2016.
SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras
2015-2016. México: SEP, 2017.
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