Rogelio
Javier Alonso Ruiz*
En octubre de 2015, el entonces
Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, respondió a través de los medios
de comunicación a las exigencias de la disidencia magisterial para debatir
acerca de la continuidad de la Reforma Educativa: “nosotros abiertos al diálogo,
pero a un diálogo sobre cómo implementar la Reforma Educativa, no sobre cómo
evitar la Reforma Educativa”. Las palabras anteriores, que condicionaban un
debate a la aceptación de una conclusión, dejaban entrever la naturaleza
terriblemente autoritaria y vertical que caracterizó a la construcción de las
modificaciones legales en materia educativa surgidas en septiembre de 2013.
Cinco años después de aquel momento, el
paisaje político del país sufrió un cambio significativo: el grupo que encabezó la construcción de la Reforma
Educativa fue masacrado electoralmente en los comicios presidenciales y
legislativos precisamente por el partido que abiertamente se había propuesto
cancelarla. A las pocas semanas, los
triunfadores no dudaron en externar sus deseos de liquidar la Reforma Educativa:
desde el presidente electo, quien en cara del presidente actual dejó en claro
que cancelaría tal reforma, hasta uno de los diputados del nuevo partido
mayoritario, quien advirtió que de ella no quedaría “ni una coma”.
Paralelamente a estos hechos, comenzaban los Foros de Consulta Participativa en
las entidades federativas, con el propósito de construir el Acuerdo Nacional
sobre la Educación. Ante esto, surgen algunas interrogantes: ¿por qué los
actores políticos mencionados anuncian una decisión tan importante, como los es
la cancelación de la Reforma Educativa, cuando la consulta aún no termina? ¿Qué
pasaría en el hipotético e improbable caso de que las conclusiones de las
consultas no apuntaran precisamente hacia una cancelación? ¿Qué sucedería si
las propuestas del profesorado sobre diversos temas no requieren que la Reforma
sea destruida completamente? ¿El presidente electo y los legisladores tendrían
que retractarse?
Si bien la continuidad de la Reforma es
uno entre miles de temas educativos que se pueden debatir, ninguno de ellos, por
más obvias que parezcan las conclusiones, debe librarse de pasar por el debate entre
los interesados y más si se apela a la apertura que se está promoviendo para
participar en la discusión de temas de relevancia nacional. Es indudable que la
Reforma Educativa tiene una opinión negativa generalizada del magisterio y,
seguramente, las discusiones en los ejercicios que se llevan a cabo lo
confirmarán, pero el hecho de que algunos actores políticos que llegaron al
poder marquen como un hecho la extinción de ésta antes de escuchar los
resolutivos de la consulta, hace que el debate pierda crédito e incluso se corre
el riesgo de hacer crecer sospechas sobre una posible simulación. Si se va a
debatir, pero ya se tienen los planes para destruir o construir, ¿entonces para
qué debatir? ¿Es equivalente entonces el posicionamiento de Nuño en torno a
debatir sólo si se acepta la Reforma, al posicionamiento del nuevo régimen, en
relación a debatir dando como un hecho la cancelación de la Reforma?
Sin duda son dignos de ser aplaudidos
estos espacios que alientan la pluralidad en aras de construir propuestas que
favorezcan el desarrollo educativo de nuestro país. Por su valía, es necesario
pedir respeto hacia este tipo de actividades. Tanto se quejó el magisterio y la
sociedad de la falta de espacios para opinar y debatir sobre los destinos educativos
del país, que hoy resulta obligado exigir respeto por la figura del debate y demandar
que los resultados de éste sean los referentes para las futuras decisiones de
los representantes populares. Es preciso no descartar en automático las aportaciones
de ningún participante, aun cuando éstas vayan en sentido contrario a lo que
piensan las mayorías. Se debe evitar, a toda costa, que opiniones tan
mayoritarias (como el rechazo a la Reforma Educativa) impidan escuchar aquellas
que sólo son compartidas por unos cuantos, para así evitar un lastimoso fenómeno
antidemocrático: la tiranía de las mayorías.
No cabe duda que la Reforma Educativa
y procesos como la evaluación docente requieren ser replanteados y, muy probablemente,
construidos nuevamente desde sus cimientos. No obstante, el objetivo de este
escrito no gira en torno a la defensa o el rechazo de la Reforma Educativa,
sino a la necesidad de que, a partir de un debate genuino, se determine su
cancelación, modificación o continuidad. Sin duda, son desafortunadas las
declaraciones de algunos importantes actores políticos, pues hacen recordar
viejas prácticas de regímenes anteriores y hacen que estos valiosos ejercicios
democráticos puedan ser vistos como faltos de pertinencia. Que se dé muestra de la dignidad y la cultura
democrática que adoleció el gobierno anterior. Que estos foros realmente sean
instrumentos para la mejora de la situación educativa del país. Si incluso los peores criminales tienen
derecho a ser escuchados para defenderse, entonces no hay razones para negarle
a la Reforma Educativa un juicio antes de su probable –y muy merecida, en su
caso– pena de muerte. No hay motivos para adelantar la sentencia cuando el
juicio apenas está en curso.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Comentarios
Publicar un comentario