
En principio, la consulta es un
fraude por cuestiones temporales. El Modelo Educativo y la Propuesta
Curricular, al igual que la Evaluación Docente y el INEE, son derivados de la
Reforma Educativa. Ésta, como bien sabemos, fue aprobada sin la participación de los docentes y demás
actores educativos; peor aún, en el Congreso, los diputados domesticados por el
Pacto por México, impidieron un debate real ante un tema tan trascendente como
lo es la educación nacional. Su aprobación en el recinto legislativo se dio,
pues, “de rapidito” y “en lo oscurito” (en una sede alterna) sin tener una idea
clara de las necesidades del país y las posibles soluciones en materia educativa.
Así pues, las autoridades
mexicanas ejecutaron las acciones justo en el orden inverso: antes de tener
definido un modelo educativo, realizaron las modificaciones legales
correspondientes. En su implementación, sobre todo en lo que toca a la evaluación
docente, la Reforma desató un caudal de inconformidades en gran parte del
magisterio nacional. Las voces inconformes fueron ignoradas. Por lo anterior,
muchos ven con incredulidad que, después de algunos años de la aprobación e
implementación de esta reforma, las autoridades hayan recordado repentinamente
la utilidad del diálogo.
Otro asunto que levanta muchas
sospechas son los invitados a estas consultas. Aunque en teoría cualquiera tendría
derecho a participar en la consulta, resulta sospechoso que, en algunos Estados,
en estas reuniones donde supuestamente se convoca abiertamente a la ciudadanía,
hay una gran cantidad de participantes que tienen relación con la SEP, el SNTE
o el PRI. Sin suponer que sea deseable que se discrimine a quien tenga alguna
filiación con estas instituciones, pues, como cualquier mexicano, tienen
derecho a expresarse libremente, es un hecho que su predominio resta
credibilidad a estos ejercicios de consulta. Por momentos, pareciera que se trata de una
consulta entre amigos.
¿Cómo estos actores van a
criticar algo que surge precisamente del grupo de poder con el que se
identifican y que, en algunos casos, les permite seguir gozando de privilegios?
¿Qué grado de objetividad pudieran tener los cuestionamientos, si es que los
hay, hacia el modelo analizado? ¿Cómo, por ejemplo, un comisionado del SNTE
(algunos con más de una década sin pisar un aula) podrá hacer aportaciones para
este modelo? ¿Se atreverá un empleado promedio de la SEP a descalificar las
“brillantes” creaciones de sus más altos jefes?
Aunado a lo anterior, es penoso
que en algunos de los foros que se organizan para analizar el Modelo Educativo,
los organizadores omitan precisamente los temas más polémicos del documento a
analizar. Por ejemplo, en Colima, se convocó a todos los docentes de grupo a
analizar cada uno de los apartados del Modelo Educativo; curiosamente, dentro
de los apartados no se incluye el referente a la Formación y Desarrollo
Profesional Docente, en el cual se aborda, precisamente el corazón de la Reforma Educativa: la evaluación docente. Es decir, el cambio
más importante de las reformas legales no está a discusión (de hecho, nunca lo
estuvo).
La consulta debe ser un
procedimiento plural en el que se traten de conciliar los puntos de vista e
intereses divergentes. Deben de ser debates auténticos en los que, por ejemplo,
se traten de acercar las miradas empresariales y las humanistas; no se debe temer
a dar cabida a las voces disidentes. Precisamente la pluralidad debe ser el
componente esencial de estos encuentros para que sean provechosos.
Desafortunadamente, consultar en
estos momentos ya no tiene mucha relevancia. La Reforma y todo lo que de ella
se desprende son un árbol que nació torcido. El daño está hecho: la Reforma Educativa
y sus derivados son producto de un proceso conducido por autoridades sordas,
que censuraron la voz más importante para este cambio: la del magisterio. Por errores
tan graves como el anterior, a los impulsores de la Reforma no les han quedado
otras herramientas más que la represión y las amenazas. La consulta llegó tres
años tarde.
Twitter: @proferoger85
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