Rogelio
Javier Alonso Ruiz*

En sintonía con la reapertura de El
Mexe, el presidente López Obrador señaló: “necesitamos fortalecer las normales
y la formación de maestros, se necesita devolver el prestigio a los maestros”.
Así pues, la reapertura de una escuela normal rural tan emblemática, así como
las declaraciones vertidas no sólo por jefe del poder ejecutivo, sino también
en otras ocasiones por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán,
parecieran ser indicadores de un futuro prometedor para las escuelas normales,
después de un proceso multisexenal que ha mermado dramáticamente su matrícula y
ha trastocado su utilidad social. No obstante lo anterior, las buenas
intenciones para el normalismo han quedado en tela de juicio: dicen que para
saber las verdaderas prioridades de un gobierno no hay que oír sus discursos,
sino echar un vistazo a sus presupuestos. En la iniciativa de presupuesto de
egresos de la federación enviada por parte del poder ejecutivo al poder
legislativo para su análisis y aprobación, resalta una contradicción entre las
palabras y las verdaderas intenciones.
A diferencia del discurso público del
nuevo gobierno en el que se enfatiza en la importancia de la formación inicial
docente, llama la atención que, en contraste con el presupuesto 2018, para el
de 2019 se busque reducir 39.5% el monto asignado a las normales, concretado en
la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
(DGESPE) (La Jornada, 21 de diciembre de 2018). Así pues, el presupuesto para
el normalismo pasaría de 738.7 millones de pesos en 2018 a 447.5 millones de
pesos en 2019, es decir, una diferencia cercana a los 300 millones de pesos.
El recorte presupuestal para el
normalismo parece ignorar un reto fundamental en el panorama educativo
mexicano: el remplazo docente derivado de la aceleración de los procesos de
jubilación que coincidió (¿o se derivó de?) la implementación del Servicio
Profesional Docente. Deberá estudiarse cuidadosamente si con una reducción de
casi 300 millones de pesos en su presupuesto, las escuelas normales podrán
hacer frente a este gran desafío, generando cuantitativa y cualitativamente los
nuevos profesores que requieran las escuelas del país. Al respecto, el INEE,
desde el 2015, advertía que “si la reforma al Servicio Profesional Docente
(SPD) fomenta la jubilación entre quienes ya tienen la edad o la antigüedad
para retirarse, las escuelas normales podrían no cubrir la demanda de vacantes
en el sistema educativo” (p. 86). A
primera vista resulta difícil de asimilar que, justo en el momento que las
normales deberán “acelerar su producción” (hablando en un lenguaje meramente empresarial),
los recursos recibidos serán menores. ¿Será posible, con todo y el combate a la
corrupción y la austeridad que propone el nuevo gobierno, hacer que 447.5
millones de pesos (2019) rindan más que 738.7 millones (2018)? Sólo el tiempo
lo dirá.
Siguiendo con las especulaciones, la
reducción presupuestal del normalismo también podría representar un riesgo en
relación a ceder la batuta a las universidades para la formación inicial de los
docentes. Desde hace algunos años y, sobre todo, a raíz de la aparición del
Nuevo Modelo Educativo, se ha pugnado por generar una sinergia entre las
universidades y las normales, aunque, cabe decir, que la diferencia en tamaños
hace pensar que las segundas puedan ser absorbidas por las primeras: la
matrícula normalista representa apenas el 2.3% de la población de estudiantes
de educación superior del país (SEP, 2018, p. 32). Después de todo, a pesar de
que es probable la cancelación de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, aún no se especifica si el contenido del artículo 24 de esta ley será
retomado o modificado; cabe señalar que a tal artículo se le ha atribuido el
descenso reciente de la matrícula normalista al permitir que profesionistas universitarios
con escasa o nula preparación pedagógica puedan competir por una plaza docente
en Educación Básica.
Como lo señala Jurjo Torres (1989) la
profesionalización y valorización del magisterio no pasa únicamente por
incrementar el estatus social y económico del profesorado sino, también, por
consolidar una formación inicial de calidad y opciones adecuadas de formación
permanente (p. 177). Así pues,
considerando las condiciones anteriores, resulta riesgoso observar que no sólo
para la educación normal se tienen previstos recortes presupuestales sustanciales
sino, además, a la formación continua de los profesores, a la cual se propone
asignar menos de la mitad de los recursos que se le destinaron en 2018. Es cuestionable
pues pensar en una revalorización del magisterio, como se ha prometido en los
discursos oficiales, si no se fortalece su formación inicial y permanente.
Ojalá, por el bien del normalismo mexicano, hay congruencia entre los discursos
oficiales y los presupuestos asignados. Esperemos que la reducción de su
presupuesto sea otro “error de dedo”, como otros más que ya han sido señalados
y enmendados en consecuencia.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de
Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
REFERENCIAS
INEE. Los docentes en México. Informe 2015. México: autor, 2015.
INEE. Educación
para la democracia y el desarrollo de México. México: autor, 2018.
POY SOLANO,
Laura. Preocupa al INEE presupuesto destinado a educación. La Jornada:
21 de diciembre de 2018. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/21/preocupa-a-inee-presupuesto-destinado-a-educacion-9376.html
SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018. México: autor, 2018.
TORRES, Jurjo. El curriculum oculto. Madrid: Morata,
1998.
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