Rogelio Javier Alonso Ruiz*
El Programa Nacional de Inglés (PRONI) , surgido en 2009, se presenta en sus reglas de operación como un componente para el logro de la educación de excelencia, pertinente y relevante, uno de los fines supremos del Plan Sectorial de Educación 2020-2024. No es necesario profundizar en la importancia de una segunda lengua en el campo laboral. El dominio de ésta, aunado a muchos otros factores, pudiera ser clave para la anhelada movilidad social que debe promover la escuela. No obstante el peso de los propósitos del programa, los encargados de hacerlo realidad, los profesores, enfrentan una serie de situaciones que ponen en entredicho la supuesta revalorización del magisterio que ha guiado los discursos oficiales desde hace ya casi tres años.
Los profesores del PRONI representan
la negación de la tan pregonada revalorización del magisterio. Sus precarias
condiciones laborales niegan cualquier discurso reivindicador de la figura del
docente. Dada la forma de contratación de la mayoría de ellos, no tienen acceso
a derechos laborales de ley como lo son el aguinaldo, vacaciones pagadas, prima
vacacional, licencia por maternidad o lactancia, prima de antigüedad, etc. Para
la gran mayoría de ellos no existe el despido, con las implicaciones a favor
del trabajador que éste implica, sino la no recontratación, que simplemente corta
la relación laboral sin mayores responsabilidades para el empleador. No
cuentan, tampoco, con servicios médicos. Por si fuera poco, están a expensas de
cada autoridad local en cuanto a su salario: algunos, como en Chiapas, han tenido
que esperar hasta seis meses para recibir el pago por el trabajo realizado,
mientras que a otros, como en Tabasco, les han descontado los días festivos del
periodo de pago. El monto del salario queda a voluntad también de cada
autoridad local, pues las reglas de operación actuales del programa se limitan
a establecer un mínimo de cien pesos por hora trabajada.
Ante el difícil panorama laboral que
enfrentan, los maestros de PRONI han formado diferentes agrupaciones a lo largo
del país para exigir a las autoridades solución a sus demandas. Desde 2018 y en
al menos tres ocasiones, un grupo de docentes con representación nacional se
encontró con la legisladora Adela Piña Bernal, a quien le expusieron su
problemática y obtuvieron el compromiso, del grupo político que integra, de
atender la situación. En febrero de 2019 tuvieron un acercamiento con el secretario
de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien les prometió que pronto daría
solución a sus demandas. Tocaron las puertas también del Senado de la
República: en octubre del año pasado tuvieron una reunión virtual con los
legisladores Martí Batres y Antares Vázquez, a quienes dieron a conocer también
la necesidad de modificar las reglas de operación del programa. El tema incluso
ha sido puesto en la mesa en las conferencias presidenciales matutinas.
Desafortunadamente, los frutos de
estas reuniones han sido escasos: las reglas de operación del programa siguen
manteniendo casi las mismas situaciones desventajosas para los profesores,
salvo el establecimiento de un salario mínimo por hora trabajada (insuficiente,
por cierto), que cabe decir ha redundado en despidos tras la excusa de las
autoridades locales de no tener suficientes recursos para cubrir tal tarifa: salió
más caro el caldo que las albóndigas. Las exigencias de los profesores se
centran pues sobre todo en la modificación de las reglas de operación, aunque
las propuestas han sido desoídas por la titular de la Dirección General de
Desarrollo Curricular, María Teresa Meléndez Irigoyen. Aunado a lo anterior, la
basificación de profesores sólo se ha generalizado en Ciudad de México, Baja
California Norte y Tamaulipas; recientemente se han otorgado algunas pocas
bases en otras entidades del país (Colima y Aguascalientes, por ejemplo). Se
calcula que son aproximadamente 8,000 profesores los que aún laboran amparados
bajo un contrato que les niega el acceso a derechos laborales fundamentales.
Dentro de los cambios que solicitan a
los lineamientos del programa, destaca el reconocimiento como docentes y no
como asesores externos: aunque a simple vista pareciera un mero cambio de
etiqueta, sin duda conlleva una profunda reconceptualización de su figura. Reclaman garantías de que su pago sea
quincenal, así como que éste abarque periodos vacacionales. Para evitar los frecuentes
retrasos en los salarios (muchos derivados de disputas políticas entre los
diferentes niveles de gobierno) o posibles malos manejos de recursos (vale aquí
la pena revisar informes al respecto por la Auditoría Superior de la
Federación), proponen que las autoridades locales dejen de ser intermediarias
entre el gobierno central y los trabajadores, al menos en cuanto a dinero se
refiere. Demandan además que exista un contrato nacional único, que permita que
las condiciones laborales no queden a discreción regional. Asimismo, solicitan
que la duración de los contratos comprenda el ciclo escolar completo, pues el
presupuesto del programa abarca todo el año fiscal.
Las inconformidades por las afectaciones
laborales a los profesores de PRONI se han exacerbado a raíz de algunos hechos
específicos. El primero fue el anuncio de Moctezuma Barragán sobre el
lanzamiento de una plataforma para la enseñanza del inglés, que hará posible,
según dijo, que los docentes de grupo no requieran siquiera el conocimiento del
idioma; con esto no sólo se hace prescindibles a los profesores especializados,
sino también se destinan recursos dentro del programa, que los maestros
reclaman pudieran ser empleados en otros rubros, como, por ejemplo, servicios
médicos. Otro hecho tiene que ver con posibles conflictos de interés en los
procesos de certificación ofertados por las autoridades. Finalmente, la no recontratación de
aproximadamente 2,000 profesores en plena pandemia, puso a la vista la fragilidad
de su relación laboral.
Las consecuencias de la situación de
PRONI son alarmantes. No sólo son evidentes las movilizaciones y reclamos que
brotan cada vez con mayor fuerza en diferentes regiones del país. En el plano
académico, donde se impacta directamente a los alumnos, a la fecha hay miles de
escuelas de educación básica que no han reanudado sus clases de inglés al
iniciar el presente año (no obstante que es una asignatura establecida en el
plan de estudios), mientras se resuelven los engorrosos asuntos burocráticos
que año con año se presentan.
Como ya se mencionó, los maestros de PRONI son una muestra del discurso hueco, tanto de autoridades locales como federales, que da por hecho la revalorización del magisterio, pero soslaya situaciones tan indignantes como las que viven los profesores de inglés. Es contradictorio que se hable de revalorización cuando se permiten esquemas de contratación prácticamente desechables y cuando a los profesores no se les brindan siquiera los derechos laborales más elementales. Indigna que muchos de estos docentes trabajen “fiado” por varios meses o que después de varios años de trabajo se corte la relación laboral, dejándolos a la deriva como recientemente ocurrió. Es pues necesario que cada que en los alegres discursos se hable de revalorización del magisterio, recordemos las injusticias que sufren los maestros de inglés y la lucha que están emprendiendo para arrebatar sus derechos.
*Rogelio
Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc.
Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto
Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación
Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Sin palabras Profesor Alonso, excelente artículo. Gracias por su objetividad. Soy maestra de inglés del PRONI por 8 años ya. Amo enseñar y pronto se hará justicia. Gracias por ayudarnos a levantar la voz.
ResponderEliminar