El contenido de la estrategia presenta algunos puntos destacables. Por ejemplo, la asistencia escalonada, no por día, sino semanal, pudiera ser mucho más efectiva para evitar contagios, aunque sin duda será un reto mayor compaginarla con las actividades académicas. Con esta medida, un posible alumno contagiado no regresará a la escuela sino, mínimo, en 14 días. El registro de los planteles en un sistema que autorizará y dará seguimiento a la implementación de los protocolos sanitarios, de funcionar adecuadamente y no como un simple ente burocrático, también pudiera evitar que los cuidados se relajen y permitiría que los actores educativos reciban retroalimentación sobre sus procedimientos. Otras medidas sanitarias generales (filtros, ventilación, distanciamiento, uso de espacios) son prácticamente las mismas que en documentos federales ya se habían establecido y que podrían aminorar el riesgo de contagio en los planteles.
Sin embargo, la circular referida deja varias dudas. La primera tiene que ver con el papel de la autoridad educativa en torno a garantizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas de su sostenimiento. La misma Ley General de Educación atribuye responsabilidades no sólo a las autoridades de los Estados, sino también a los consejos municipales de participación escolar en la educación, para con el equipamiento y la seguridad en los planteles. Nada se dice al respecto en el documento difundido ni en las declaraciones de los funcionarios. Extraoficialmente, en reuniones en las que han participado supervisores y directivos de escuelas públicas, se ha señalado que los gastos por este motivo deberán ser absorbidos por los planteles mismos y las familias. Sería conveniente que alguna autoridad desmintiera esta información y, con presupuestos y planes concretos en mano, demostrara su compromiso para reabrir las escuelas, sobre todo las públicas, de manera segura.
Otra indicación que no ha sido suficientemente aclarada tiene que ver con el modelo híbrido de enseñanza: se ha solicitado no descuidar la educación a distancia mientras se brindan las asesorías presenciales. ¿Cómo se hará esto posible? ¿Cómo, por ejemplo, los maestros que trabajan doble turno podrán atender a sus alumnos a distancia cuando termine la jornada presencial? ¿Recibirán alguna remuneración por un posible trabajo doble o se seguirá apelando, como de costumbre, a su compromiso y vocación?
Pese a que la implementación de la estrategia supondría para cada centro escolar múltiples tareas como el aseo a profundidad y la reparación de las instalaciones, la adquisición de equipamiento sanitario, la planeación pedagógica de las asesorías, la organización de horarios y espacios y los trámites administrativos correspondientes, llama la atención que a menos de 48 horas de la publicación de la circular, ya existieran, de acuerdo a lo anunciado en el sitio oficial de la Secretaría de Educación, escuelas listas para emprender el pilotaje: 28 privadas, ninguna pública. Seis días después, la cantidad se duplicó y el 3 de junio se triplicó, llegando a 86 planteles, siguiendo ausentes los públicos.
Independientemente de que la incorporación en la prueba piloto esté abierta y no se descarte que planteles públicos se sumen posteriormente, resalta en un primer momento que hayan sido sólo particulares las que se encuentren en el padrón de participantes. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? ¿Por qué las públicas no están en el listado? ¿Qué tienen que decir no sólo quienes las operan, sino quienes las sostienen? ¿Qué ha hecho o dejado de hacer el Estado para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso al derecho educativo en este caso específico? ¿Por qué la Secretaría de Educación avisó a las escuelas públicas de esta prueba, que requeriría probablemente en algunos casos semanas de preparación, cuando ya planteles particulares terminaban su proceso de registro?
Se advierte un riesgo doble en la estrategia que se implementa. Primeramente, podría ser un episodio más de la lamentable faceta inequitativa del Sistema Educativo Nacional. Por lo pronto, como lo indica el primer listado de participantes y aunque se insista que no es un retorno a clases, serán los niños cuyos padres pueden pagar una colegiatura los primeros en regresar a las aulas y no los que batallaron con el saldo en sus teléfonos para comunicarse con sus maestros o los que tuvieron que conformarse con los programas de televisión para intentar aprender. No está mal que aquellos regresen, sino que éstos no puedan. Está por verse si esa tendencia se conserva.
Diversas experiencias en el mundo y en nuestro país han demostrado la conveniencia de comenzar la reapertura escolar siguiendo un criterio geográfico: por zonas rurales, con baja densidad poblacional. De este modo, además de implementar el regreso en contextos que impliquen menor movilidad, se atiende a aquellos estudiantes con mayores dificultades para educarse a distancia: la logística combinada con la equidad. Como se ha dicho, la prueba piloto colimense parece haber iniciado, premeditadamente o no, bajo un criterio inverso: no sólo en el medio urbano, sino también en las escuelas particulares.
El segundo riesgo consiste en causar a la ciudadanía una falsa impresión de negación del magisterio público para reabrir las escuelas, transfiriendo así también a éste la creciente presión por reanudar las actividades presenciales. Se podría suponer, de manera simplista, que la autoridad ya ha cumplido con autorizar la reapertura y todo queda en manos de la voluntad de los planteles. Lo anterior sin duda merecería un análisis del cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas: ni omisiones pero tampoco paternalismo. Se enfatiza en el carácter voluntario del regreso, pero se soslayan las condiciones que lo hacen posible. Sería importante que, en aras de evitar esa peligrosa confusión entre voluntad y posibilidad, fuera la misma autoridad educativa la que diera a conocer el listado de escuelas que tienen las condiciones materiales, económicas, organizativas y sanitarias para ejercer esa voluntad para regresar a las aulas.
No se reniega, en absoluto, que los alumnos de planteles particulares puedan regresar a las aulas ni se minimiza el notable esfuerzo y organización de su personal. Se advierte en cambio de lo peligroso, en términos de justicia social, de que sólo sean ellos. Se alerta sobre la posibilidad de que esta prueba piloto, aunque voluntaria, se convierta en una más de las muchas prácticas de inequidad en nuestro sistema educativo. Desde luego que no se intenta hacer un juicio definitivo de este experimento, al que todavía le quedan varias semanas por delante. Que en los hechos se demuestre que la reapertura segura de las escuelas es tarea de toda la comunidad educativa. Que se disipen, con compromisos y acciones, los rumores de que esta medida se motiva por la presión de las escuelas particulares. Ojalá, por el bien de la niñez y la juventud colimenses, la prueba piloto sea exitosa y cumpla con su cometido de preparar un regreso a clases seguro para todos.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Comentarios
Publicar un comentario