Consejo Técnico Escolar: decidir con autonomía o reproducir guías.

Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Podría considerarse al Consejo Técnico Escolar (CTE) como la conciencia una institución educativa: a través de él se decide lo que se ha de hacer, pero también se evalúa aquello que se realizó. Mediante este órgano colegiado cada escuela gobierna sus propios destinos, en términos técnicos y pedagógicos. Conformado por el personal docente y directivo de los planteles, sesiona 13 veces a lo largo del ciclo escolar: cinco en fase intensiva, previo al arranque de clases, y ocho en fase ordinaria. Sus propósitos fundamentales giran en torno al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos.

No obstante que existen escuelas cuyos consejos técnicos se han constituido en auténticas instancias de deliberación y acción colectiva, estos órganos escolares no escapan, en muchas ocasiones, a costumbres nocivas de la vida cotidiana educativa, tales como la burocratización y la verticalidad. Estas condiciones, totalmente contrarias a lo que debería ser la esencia de los consejos técnicos, provocan no sólo su funcionamiento inadecuado, sino incluso el rechazo por parte de quienes participan en él. Causan, además, una percepción equivocada que minimiza la importancia de este órgano.

Como ya se ha dicho, la verticalidad, es decir, la imposición (no siempre violenta, sino a veces por concesión) de decisiones desde lo alto del organigrama hasta sus bases, afecta el desarrollo de los consejos técnicos. La situación anterior provoca que una de sus figuras centrales, el presidente, limite las funciones que debería ejercer. No es raro entonces que el director, en quien recae la presidencia, reduzca su intervención a la mera reproducción de guías de trabajo publicadas por la autoridad central para cada sesión ordinaria, cuando los lineamientos mismos le otorgan facultades mucho más diversas y profundas.

La costumbre de decidir considerando más la aprobación del superior que de la conciencia propia, permea en este importante órgano escolar. El sentido común sería suficiente para advertir sobre la imposibilidad de aplicar guías de trabajo, de manera uniforme, en las más de 200,000 escuelas de educación básica en el país, cada una con realidades y necesidades específicas. Sin embargo, la costumbre se impone y lo que debería ser tomado como sugerencia termina asimilándose como orden. Si bien no se intenta desestimar la existencia de estos materiales de apoyo, se alerta sobre lo riesgoso de someterse a ellos sin realizar un análisis crítico de su pertinencia, antes de implementarlos.

La reproducción fiel de las guías de trabajo hace que en los días previos al desarrollo de las reuniones del CTE sea común presenciar en redes sociales el ofrecimiento e intercambio de productos de las sesiones contestados. Esta práctica no sólo es una manifestación de la ética profesional de quienes sin el menor sonrojo plagian para “cumplir” con sus obligaciones laborales, sino del valor mismo que se le da al órgano escolar.  Dice mucho este hecho también de los efectos de la burocratización de muchas áreas de la vida escolar, lo que hace que se entienda que la finalidad primordial del CTE, como en muchas otras tareas, es la entrega de un papel. La burocratización se emparenta con la simulación.

El seguimiento al pie de la letra de las actividades contenidas en las guías para las sesiones de CTE, ha provocado, en los últimos meses, que el órgano se enfoque en asuntos que quizá no son del todo de su facultad: la salud física y mental de los docentes. Desde luego que no hay manera de minimizar la importancia de un docente sano en la realización de su tarea de enseñanza. Sin embargo, ¿es el CTE la instancia adecuada para abordar este tipo de asuntos? ¿Se encuentra en las facultades de este órgano lo relativo a estos temas? ¿Debería la autoridad educativa ofrecer otras posibilidades, distintas al CTE, para el abordaje de esto? ¿Vale la pena centrar el diálogo de este valioso espacio en la calidad del sueño de los docentes o en su capacidad de resiliencia?

Así pues, la influencia de los CTE podría crecer en la medida en la que se constituyan en auténticos espacios para ejercer la autonomía escolar. No sería descabellado que, en vez de esperar a la publicación de guías de trabajo por parte de una autoridad central, fueran los propios colectivos escolares los que definieran un plan de acción para el desarrollo de su consejo técnico en un plazo determinado. El papel de las autoridades educativas podría limitarse a la supervisión y a la emisión de directrices elementales, más que a “bajar información” sobre sugerencias genéricas para el desarrollo de las reuniones. Seguramente, el incremento del tiempo destinado al trabajo de este órgano colegiado permitiría abordar con mayor profundidad las necesidades específicas de cada plantel. No es un cambio sencillo: emanaría de reformas no sólo organizativas, sino culturales de la vida escolar. Valdría la pena intentarlo.  

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85