Maestros centaveros.

Rogelio Javier Alonso Ruiz*

La Normal de Maestros de Colima ha visto pasar uno de los episodios recientes más lamentables de su centenaria historia. Retrasos en los procesos de titulación generaron manifestaciones y tomas de vialidades, por parte de jóvenes egresados, exigiendo la entrega de sus actas de examen profesional. La explanada normalista se convirtió en escenario de un penoso intercambio callejero de gritos y acusaciones. Las desatinadas intervenciones de los más altos funcionarios llevaron a suponer que la institución ofrecía carreras “patito”. En afán de encontrar responsables de la situación, que a la fecha ya fue resuelta, los docentes de la institución han salido salpicados tanto por la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, como por el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González.

En entrevista proporcionada a medios locales, el secretario de Educación y Cultura aseveró que entre los motivos que habían retrasado la aplicación de los exámenes de titulación se encontraba la negativa de los maestros a participar en los mismos debido a los adeudos del pago de las sinodalías del ciclo escolar anterior.  Sin ofrecer mayores pruebas y aprovechando un adeudo que existía, metió a los profesores entre los responsables del escandaloso retraso en las titulaciones y, a su vez, prácticamente los tachó de mercenarios. Por, “cualquier cosa” (refiriéndose a los aproximadamente trescientos pesos que cobran por cada sinodalía), dijo, los docentes se oponían a examinar a los estudiantes: unos auténticos mercenarios.

Señalar que los maestros normalistas anteponen indebidamente sus intereses económicos ante las exigencias laborales refleja un desconocimiento absoluto de lo que sucede en la casa de estudios. ¿Ignorará el acusador que apenas hace algunos meses el magisterio del ISENCO, al igual que todo el de sostenimiento estatal, laboró durante un tiempo considerable sin sus pagos quincenales? ¿Desconocerá que desde hace más de diez años este profesorado no accede a programas que le otorguen incentivos económicos por su labor profesional? ¿Será que ignora también que tareas cotidianas, como la supervisión de las prácticas profesionales, en muchas ocasiones en localidades apartadas, deberían ser realizadas con los viáticos correspondientes pero se efectúan con los medios provistos por el profesorado de su propio bolsillo? ¿Son esos los maestros centaveros a los que hace alusión el funcionario?

Desde luego que las acusaciones hacia los maestros fueron aderezadas con las acostumbradas invitaciones a mirar el pasado. “Son problemas heredados”, dijo el secretario. La frase, que, dada su frecuencia, parecería provenir de un manual de gobierno, fue complementada, casi a regañadientes, por una tímida admisión de que los tiempos se vinieron encima, después de que el trámite pendiente fue descubierto tardíamente entre una pila de documentos de los procesos de entrega-recepción. Pese a lo anterior, los señalamientos hacia el magisterio continuaron.  

Una vez que los trámites administrativos fueron resueltos y los exámenes realizados, vino una nueva acusación pública hacia los maestros. A través de sus redes sociales, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva aseguró triunfante que gracias a las oportunas gestiones de funcionarias estatales se habían superado los trámites administrativos, pero había un impedimento para entregar las actas de examen profesional: algunos docentes no las habían firmado aún. Por desinformación o por conveniencia, la mandataria no señaló que los docentes ya han firmado hasta en tres ocasiones tales actas pero, por errores administrativos, éstas han tenido que ser corregidas una y otra vez. ¿Se buscará nuevamente endilgar fallas? ¿También se trata de un problema heredado?

Es lamentable observar que quienes provienen de un movimiento que se ufana de revalorizar al magisterio, no duden en tomarlo como chivo expiatorio en situaciones ajenas a su ámbito de acción. Las imprecisas declaraciones de los funcionarios mencionados contribuyen a formar la imagen de un profesorado indiferente y hasta mercenario. Sin afán de equivocadamente beatificar al magisterio normalista, que tiene otros desafíos para su propio mejoramiento, las acusaciones son por demás injustas.

Resulta penoso observar que funcionarios de alta jerarquía opten por distraer de sus responsabilidades realizando señalamientos hacia un pasado que, sobra decirlo, ya se fue. Por fortuna, este agrio episodio tendrá un final feliz para los jóvenes egresados. ¿No bastaba con enfocarse a resolver el problema sin necesidad de exhibir culpables? ¿No generaron más encono y división, incluso al interior de la Normal, los señalamientos realizados? ¿No devino lo anterior en una innecesaria formación de bandos entre una comunidad que debería estar unida por una misión? Parece que la manera de resolver un problema, generó otro de dimensiones importantes. 

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85